Informe de Desempeño en la prestación de servicios de asistente jurisdiccional de juzgado en el Módulo Penal de la Provincia de Angaraes-Huancavelica, dificultades y alternativas para el efectivo servicio de administración de justicia

• Autor: Rosales Meneses, Willy Alexander
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2023
• Institución: Universidad Continental
• Repositorio: CONTINENTAL-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.continental.edu.pe:20.500.12394/13370
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12394/13370
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Territorio peruano; Distritos judiciales; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El servicio de justicia no cubre a todo el país, de hecho, no existen servicios prestados por el Estado en todo el territorio peruano, lo que ocasiona deficiencias en el servicio de administración de justicia. Su presencia se concentra principalmente en los grandes centros urbanos, limitando su alcance a importantes grupos de población, principalmente los que viven en zonas rurales, urbano marginales y de economía deprimida. En los últimos años, se han realizado esfuerzos para resolver este problema mediante la ampliación del número de unidades judiciales en varios tribunales del país, la creación de nuevos distritos judiciales, la introducción de nuevos sistemas como módulos judiciales básicos, el aumento del número de fiscales, la construcción y la renovación de prisiones, la aplicación del principio de oportunidad, incorporado en el proceso penal moderno como mecanismo despenalizador y a su vez reductor de la carga procesal, la redefinición del defensor público y el fortalecimiento de la equidad policial a través de mecanismos electorales y más. Sin embargo, estas acciones no han estado a la altura de las expectativas y siempre han tenido carencias. Nuestro país fue dividido en veinte distritos judiciales mediante el Decreto Ley N.° 18547, la mencionada división fue emitida durante el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, el 21 de julio de 1970. Desde entonces se han creado otros distritos judiciales hasta llegar a los veintisiete existentes en la actualidad, y son los siguientes: Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cañete, Cono Norte, Cuzco, Huancavelica, Huánuco, Pasco, Huaura, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque Lima, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno, San Martín, Santa, Tacna-Moquegua, Tumbes y Ucayali. La autoridad en su esfuerzo por ampliar el acceso a la justicia y mejorar su calidad, se propuso como meta aumentar la cobertura judicial de calidad. Con esa finalidad los módulos básicos de justicia que forman parte del programa: Mejoramiento de Acceso a la Justicia, enmarcado en el Convenio de Préstamo N.° 1061/OC-PE, suscrito el 12 de diciembre de 1997, entre la república del Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ambas instituciones materializaron el apoyo convenido, y mejoraron el acceso a la justicia y perfeccionando su calidad. Asimismo, el Instituto de Defensa Legal (2021) refiere al respecto que los módulos básicos de justicia son construcciones modulares ubicadas en las zonas populares marginales, distritos alejados de la costa, sierra y selva. “Donde se han combinado todos los actores relacionados con la administración de justicia en un solo entorno, para facilitar el acceso a las personas con menos recursos, y brindar mejores servicios a los usuarios y reducir costos” (p. 109). De momento se han construido 43 módulos básicos de justicia en todo el país, que costaron $17 millones la ejecución de la instalación y operación, de los cuales el 70 % provino del aporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el resto del erario. El Poder Judicial del Estado peruano se organiza geográficamente con los ya mencionados distritos judiciales. Esta demarcación teóricamente se basa en criterios de accesibilidad geográfica, pero en la actualidad de hallan desfasadas. De hecho, la dinámica socioeconómica de las poblaciones en diferentes regiones puede no necesariamente cumplir con los criterios para delimitar esas regiones, y sucede que, en algunos casos, para la población de la región el distrito judicial contiguo es más accesible. Por otra parte, la delimitación territorial muestra una definición que en la actualidad no puede dejar de tener en cuenta la importancia de la capacidad de los recursos humanos y materiales para satisfacer las necesidades sociales, lo que se debe, en parte, a la mayor o menor densidad poblacional. De hecho, el aumento de la población debido a la migración rural-urbano como consecuencia de fenómenos políticos y sociales ha generado problemas en la prestación de los servicios judiciales; pues resulta los órganos de Gobierno son incapaces de atender la creciente demanda provocada por los conflictos mencionados, características de una sociedad severamente marginada y afectada por la violencia política. En la actualidad existen treinta y tres (33) distritos judiciales en el ámbito nacional, teniendo en consideración el que opera en el departamento de Huancavelica, que incluye en su jurisdicción a tres (03) distritos judiciales. Estas provincias son las siguientes: Acobamba, Angaraes y Castrovirreyna. En ese sentido, el presente informe, “Desempeño en la prestación de servicios de asistente jurisdiccional de juzgado en el módulo penal de la provincia de Angaraes-Huancavelica, dificultades y alternativas para el efectivo servicio de administración de justicia”, ha sido realizado en cumplimiento de mi relación obligacional laboral, como trabajador sujeto al régimen laboral especial del Decreto Legislativo N.° 1057 Contrato Administrativo de Servicios, con la mencionada entidad judicial, estando sujeto a las normas reglamentarias y/o complementarias, y en lo que resulte pertinente a la Ley N.° 28175, Ley marco del Empleo Público; la Ley N.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, y de las demás normas de carácter general que regulen el servicio civil; cumpliendo mi labor en el cargo de asistente jurisdiccional con responsabilidad y esmero, circunscrito a las normas internas de la entidad y a las estipulaciones del Contrato Administrativo de Servicios N.° 037-2019-CSJHU/PJ, celebrado entre el suscrito y el Poder Judicial. La Universidad Continental, como institución moderna, emprendedora, global e innovadora, es la principal entidad de la región central del país en la formación integral de los estudiantes, protagonizando un verdadero desarrollo personal en cada uno de los egresados. Con los conocimientos adquiridos en el campo teórico y práctico de las diferentes carreras, especialmente en la Facultad de Derecho, nos ha predispuesto para actuar con ética y profesionalismo como futuros abogados. Asimismo, personalmente, he complementado mi formación universitaria con herramientas adquiridas en mi vida laboral como asistente jurisdiccional, permitiendo mi consolidación personal y profesional; en tal sentido efectúo el presente informe para obtener el título profesional de abogado, lo cual explico seguidamente para la consecución correspondiente. Al percibir el ámbito laboral, se colige que el verdadero servicio de justicia se caracteriza por la independencia y transparencia, debiendo tenerse en consideración la importancia del sistema judicial para la resolución de conflictos entre las personas, entre ellas y el Estado y los actos criminales; pues corresponde el aseguramiento y acatamiento irrestricto de la supremacía constitucional y de los tratados internacionales que nuestro país aprueba y garantiza. En nuestro país coexisten opiniones de la gente común y de los abogados sobre el funcionamiento del Poder Judicial, para ilustrarnos sobre este aspecto; por tanto, es menester mencionar la publicación titulada “Poder Judicial en el Perú: crisis y alternativas” del grupo de magistrados del Instituto Justicia y Cambio, quienes constituyeron la asociación civil de derecho privado Justicia y Cambio, la cual tiene por finalidad promover la investigación científica de los fenómenos jurídicos y políticos, proponiendo soluciones adecuadas a nuestra realidad, priorizando el respeto de los derechos humanos como medio para el cambio y el logro de una sociedad más justa y más humana. Este considera que el Poder Judicial es ineficiente, peligrosamente lento y con un componente sustancial de corrupción en todos los niveles, por estas razones y otras la ciudadanía clama justicia célere y administración rápida; ya que son escollos en la práctica actual de un sistema judicial anquilosado. De esta situación, los jueces y los operadores jurídicos somos conocedores y conscientes del reclamo plausible de la sociedad civil, para la consecución del paradigma de justicia social que la colectividad peruana unánimemente anhela; por lo tanto, es relevante que el poder político y los demás poderes del Estado, en todas sus secuencias: los abogados y la propia ciudadanía, participen activamente. Asimismo, la administración de justicia es un sistema integral, holístico y articulado, en el que sus elementos no existen de manera aislada y el desarrollo de sus actividades no depende solo del esfuerzo de una persona; por ello, es importante su relación e integración con los demás sistemas de gestión administrativa estatal. A pesar de los inconvenientes, estoy seguro que es posible alcanzar la paz y la justicia social, realizando un diagnóstico certero, armando y equipando alternativas de corto, mediano y largo plazo, revirtiendo esta fuerte y trágica tendencia a la baja. En el presente informe, describo las labores realizadas como asistente jurisdiccional, al mismo tiempo pretendo favorecer el cumplimiento y el perfeccionamiento de la gestión oportuna y eficiente del servicio judicial en el Estado peruano. Por lo tanto, la conclusión inexorable arribada es que el sistema judicial en el que estamos integrados (Ministerio Público, Ministerio de Justicia a través del Instituto Nacional Penitenciario,el Instituto de Medicina Legal y el Ministerio del Interior por medio de la Policía y, por último, los propios abogados) es ineficaz, no funciona en la medida de la necesidad social, y resulta “la actividad judicial, la sentencia tardía”, desacertada y, en la mayoría de los casos, no puede efectuarse con la prontitud que el caso exige o, lo que es más grave aún, es inejecutable.