Implicancias del Ajusticiamiento popular en los Derechos fundamentales, Ilave y Juliaca de la Región Puno 2004 – 2018

• Autor: Torres Torres, Claver Hermitaño
• Formato: ponencia
• Fecha de Publicación: 2018
• Institución: Universidad Andina Néstor Cáceres Velasquez
• Repositorio: UANCV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uancv.edu.pe:UANCV/1901
• Enlace del recurso: http://repositorio.uancv.edu.pe/handle/UANCV/1901
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Implicancias del Ajusticiamiento popular en los Derechos

El ejercicio profesional en el altiplano peruano nos ha permitido conocer de cerca hechos vinculados al ajusticiamiento popular en las zonas alto andinas, particularmente en los casos de Ilave y Juliaca de la región de Puno (Perú) y Ayo Ayo (Bolivia), sin duda alguna tiene su fundamento en las costumbres quechuas y aymaras del antiguo Perú, pero su análisis desde la perspectiva jurídica permite vislumbrar que tiene implicancias en cuanto a los derechos fundamentales. La región de Puno en las últimas décadas es escenario de diferentes actos o hechos de ajusticiamiento popular, frente a situaciones delictivas cometidas por presuntos delincuentes, sean éstos autoridades ediles, funcionarios, políticos, policías o persona; tanto así, que uno de estos hechos tuvo trascendencia nacional e internacional, es el caso de ajusticiamiento popular del Alcalde de Ilave. Igualmente tuvieron lugar en Chupa, Asillo, Yunguyo, Tilali, Azángaro, Juliaca y en otros lugares de nuestro país. El ajusticiamiento popular se caracteriza esencialmente porque grupos sociales, comunidades o pueblos hacen justicia con sus propias manos a la persona (s) que han descubierto cometiendo algún acto delictuoso, debido a la impotencia y desconfianza en sus autoridades que tutelan el control social. Obviamente que existen antecedentes históricos de ajusticiamiento popular en diferentes partes de la tierra, como respuesta a costumbres ancestrales de hacer justicia para el bien común. Sin embargo, en pleno siglo XXI, estos hechos rompen con el ordenamiento jurídico nacional y supranacional, poniendo en tela de juicio la validez de la norma constitucional, así como de la capacidad del aparato estatal para mantener el orden público y seguridad jurídica.