La aplicación del proceso inmediato a raíz de la modificatoria del decreto legislativo Nº 1194 colisiona con el derecho de defensa, en los juzgados penales de la provincia de Sicuani: un análisis a partir de la experiencia.

Descripción del Articulo

El presente trabajo de investigación surge con la finalidad de realizar un estudio, análisis e interpretación respecto a las sustanciales modificatorias producidas sobre el proceso inmediato mediante el decreto legislativo N° 1194, normativa que expedida por el poder ejecutivo obedeciendo a la deleg...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Cartagena Humpiri, Yonathan Bryan
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2016
Institución:Universidad Andina del Cusco
Repositorio:UAC-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.uandina.edu.pe:20.500.12557/473
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12557/473
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Inseguridad
Normas
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Derechos
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description El presente trabajo de investigación surge con la finalidad de realizar un estudio, análisis e interpretación respecto a las sustanciales modificatorias producidas sobre el proceso inmediato mediante el decreto legislativo N° 1194, normativa que expedida por el poder ejecutivo obedeciendo a la delegación del legislativo, publicada en el diario oficial el peruano en fecha 30 de agosto del 2015 y que entro en vigencia el 28 de noviembre del 2015. Siendo que la finalidad de esta norma jurídica es combatir la creciente ola de inseguridad ciudadana, por ende es que el legislador tomando en cuenta este aspecto y con la finalidad de aminorar la sensación de inseguridad ciudadana latente especialmente en los estratos sociales más vulnerables, es que reforma el articulado del libro V, artículos 446, 447 y 448 del código procesal penal del 2004 referente al proceso inmediato, introduciendo cambios sustanciales a la norma original, cambios que para efectos de la presente investigación inciden en que se afecte una serie de garantías y principios tanto procesales como constitucionales ya que se afecta esencialmente figuras como el plazo razonable, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, así también en la dación de la norma se afecta algunas garantías constitucionales como son la autonomía y titularidad de la acción penal; por ende se enerva la esencia misma del proceso penal que por su naturaleza y a raíz de innumerables sacrificios históricos se ha constituido en la sociedad peruana un sistema acusatorio garantista que por su esencia es reconocedor de los derechos fundamentales de las personas (sin distinción sea este imputado o agraviado) y en donde se establece que la acción punitiva del estado se materializa a través de un órgano persecutor del delito (Ministerio Publico) y que la función de juzgar se realiza a través de un órgano imparcial, en el marco de reconocimiento de garantías procesales y sujeción a la constitución política del Perú. Por ende no se puede enervar todo un sistema de justicia penal por la implantación unilateral de una sola figura de justicia rápida que realiza un vuelco de 360 grados sobre un sistema de justicia que inicialmente era garantista, solo por conseguir resultados más rápidos para llenar estadísticas que responden a intereses políticos de turno, que con la finalidad de obtener aceptación aplican políticas criminales erróneas, que si bien disminuyen la carga procesal en los despacho fiscales y judiciales no disminuyen la delincuencia que siempre estará latente, en la sociedad humana. Es por esta razón que la investigación que planteamos tiene un matiz tendiente a averiguar de qué forma la aplicación del nuevo modelo de justicia rápida afecta el derecho a la defensa, para lo cual se utilizara un enfoque de investigación cuantitativa, esencialmente debido a que por medio del análisis de expedientes y entrevistas a algunos especialistas explicaremos si este proceso incide o no en que se vulnere el derecho de defensa, dentro de este ámbito también se pretende descubrir otros datos periféricos que nos ayuden a entender la realidad aplicativa de la norma que actualmente se encuentra vigente. Por tanto es menester señalar que la investigación jurídica que se viene realizando es pertinente y conducente, para entender los pros y contras del decreto, ya que la realidad aplicativa dista mucho de los objetivos por los que inicialmente el legislador elaboro la tan sonada y criticada reforma, es importante señalar además que realizaremos un análisis valorativo de conceptos que deben estar presentes para la elaboración de las normas, temas como estado, constitución, proceso penal, sistemas procesales, garantías constitucionales y principios del proceso penal, debido a que todos estos temas tiene íntima relación, por contener nexos, ya que no se podría hablar de elaboración de normas (decretos legislativos, etc.), sin que estas se encuentren subordinadas a una norma suprema como es la constitución, y no se podría hablar de constitución sin tener en cuenta la evolución historia de estado, ya que con el surgimiento de la sociedad y la necesidad de organización de esta, es que surge el estado. Todo lo anteriormente mencionado debe estar englobado en el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana, por tanto concluimos diciendo que conforme lo esgrimido resulta necesario cuestionar algunas normas, ya que el legislador es humano y puede llegar a equivocarse.
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Siendo que la finalidad de esta norma jurídica es combatir la creciente ola de inseguridad ciudadana, por ende es que el legislador tomando en cuenta este aspecto y con la finalidad de aminorar la sensación de inseguridad ciudadana latente especialmente en los estratos sociales más vulnerables, es que reforma el articulado del libro V, artículos 446, 447 y 448 del código procesal penal del 2004 referente al proceso inmediato, introduciendo cambios sustanciales a la norma original, cambios que para efectos de la presente investigación inciden en que se afecte una serie de garantías y principios tanto procesales como constitucionales ya que se afecta esencialmente figuras como el plazo razonable, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, así también en la dación de la norma se afecta algunas garantías constitucionales como son la autonomía y titularidad de la acción penal; por ende se enerva la esencia misma del proceso penal que por su naturaleza y a raíz de innumerables sacrificios históricos se ha constituido en la sociedad peruana un sistema acusatorio garantista que por su esencia es reconocedor de los derechos fundamentales de las personas (sin distinción sea este imputado o agraviado) y en donde se establece que la acción punitiva del estado se materializa a través de un órgano persecutor del delito (Ministerio Publico) y que la función de juzgar se realiza a través de un órgano imparcial, en el marco de reconocimiento de garantías procesales y sujeción a la constitución política del Perú. Por ende no se puede enervar todo un sistema de justicia penal por la implantación unilateral de una sola figura de justicia rápida que realiza un vuelco de 360 grados sobre un sistema de justicia que inicialmente era garantista, solo por conseguir resultados más rápidos para llenar estadísticas que responden a intereses políticos de turno, que con la finalidad de obtener aceptación aplican políticas criminales erróneas, que si bien disminuyen la carga procesal en los despacho fiscales y judiciales no disminuyen la delincuencia que siempre estará latente, en la sociedad humana. Es por esta razón que la investigación que planteamos tiene un matiz tendiente a averiguar de qué forma la aplicación del nuevo modelo de justicia rápida afecta el derecho a la defensa, para lo cual se utilizara un enfoque de investigación cuantitativa, esencialmente debido a que por medio del análisis de expedientes y entrevistas a algunos especialistas explicaremos si este proceso incide o no en que se vulnere el derecho de defensa, dentro de este ámbito también se pretende descubrir otros datos periféricos que nos ayuden a entender la realidad aplicativa de la norma que actualmente se encuentra vigente. Por tanto es menester señalar que la investigación jurídica que se viene realizando es pertinente y conducente, para entender los pros y contras del decreto, ya que la realidad aplicativa dista mucho de los objetivos por los que inicialmente el legislador elaboro la tan sonada y criticada reforma, es importante señalar además que realizaremos un análisis valorativo de conceptos que deben estar presentes para la elaboración de las normas, temas como estado, constitución, proceso penal, sistemas procesales, garantías constitucionales y principios del proceso penal, debido a que todos estos temas tiene íntima relación, por contener nexos, ya que no se podría hablar de elaboración de normas (decretos legislativos, etc.), sin que estas se encuentren subordinadas a una norma suprema como es la constitución, y no se podría hablar de constitución sin tener en cuenta la evolución historia de estado, ya que con el surgimiento de la sociedad y la necesidad de organización de esta, es que surge el estado. Todo lo anteriormente mencionado debe estar englobado en el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana, por tanto concluimos diciendo que conforme lo esgrimido resulta necesario cuestionar algunas normas, ya que el legislador es humano y puede llegar a equivocarse.This research arises in order to conduct a study, analysis and interpretation regarding the substantial amendments produced on the immediate process by Legislative Decree No. 1194, regulations issued by the executive obeying the delegation of legislative, published in the official newspaper the Peruvian dated August 30, 2015 and came into force on November 28, 2015. Being that the purpose of this statute is to combat the rising tide of insecurity therefore is that the legislature take this into account and in order to lessen the feeling of latent especially in the most vulnerable social strata insecurity, is that reform articulated book V, articles 446, 447 and 448 of the penal code of 2004 concerning the immediate process, introducing substantial changes to the original rule changes, changes for the purposes of this research affect that affects a number of safeguards and both procedural and constitutional principles and essentially figures as the reasonable time, the right to defense, the presumption of innocence and also in the giving of the standard some constitutional guarantees are affected as are autonomy and ownership of prosecution is affected ; therefore the very essence of the criminal process that by its nature and following countless historical sacrifices has become Peruvian society based guarantees accusatory system that by its nature is recognizer of the fundamental rights of individuals (without distinction unnerves is this accused or aggrieved) and which states that the punitive state action materializes through a persecutor body of the crime (Public Ministry) and the role of judging is done by an impartial body, in the context of recognition of guarantees procedural and subject to the political constitution of Peru. Therefore it can not invalidate an entire criminal justice system by the unilateral introduction of a single figure of swift justice that performs a turn 360 degrees on a justice system that was initially garantista, just to get faster results to fill statistics they respond to political interests of the moment, that in order to gain acceptance erroneous criminal policies apply, that while the caseload decrease in tax and judicial office not diminish the crime will always be latent in human society. It is for this reason that research we propose has a nuance aimed to find out how the implementation of the new model of swift justice affects the right of defense, for which an approach of quantitative research were used, essentially because through analysis of records and interviews with some experts explain whether this process has an impact on the rights of the defense in this area also aims to discover other peripheral data to help us being affected to understand the applicative reality of the norm currently in effect. Therefore it is necessary to note that the legal research that has been done is appropriate and conducive to understand the pros and cons of the decree, as the applicative reality is far from the objectives for which initially the legislature drafted the so sounded and criticized reform it is important to note also that we will make an evaluative analysis of concepts that must be present for the development of standards, issues such as state, constitution, criminal proceedings, procedural systems, constitutional guarantees and principles of criminal procedure, because all these issues have intimate relationship, to contain links, since no one could speak rulemaking (legislative decrees, etc.), but these are subordinate to a supreme standard as is the constitution, and could not speak of constitution without state tells the story of evolution, because with the emergence of society and the need for organization of this, is that the state arises. All the above must be encompassed in respect of the fundamental rights of the human person, therefore we conclude by saying that as it brandished question some rules is necessary because the legislature is human and can get wrong.Tesisapplication/pdfspaUniversidad Andina del Cuscoinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/pe/Universidad Andina del CuscoRepositorio Institucional - UACreponame:UAC-Institucionalinstname:Universidad Andina del Cuscoinstacron:UACInseguridadNormasGarantíasDerechosLa aplicación del proceso inmediato a raíz de la modificatoria del decreto legislativo Nº 1194 colisiona con el derecho de defensa, en los juzgados penales de la provincia de Sicuani: un análisis a partir de la experiencia.info:eu-repo/semantics/bachelorThesisSUNEDUAbogadoUniversidad Andina del Cusco. 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