La aplicación del proceso inmediato a raíz de la modificatoria del decreto legislativo Nº 1194 colisiona con el derecho de defensa, en los juzgados penales de la provincia de Sicuani: un análisis a partir de la experiencia. - Cartagena Humpiri, Yonathan Bryan (2016)
El presente trabajo de investigación surge con la finalidad de realizar un estudio, análisis e interpretación respecto a las sustanciales modificatorias producidas sobre el proceso inmediato mediante el decreto legislativo N° 1194, normativa que expedida por el poder ejecutivo obedeciendo a la delegación del legislativo, publicada en el diario oficial el peruano en fecha 30 de agosto del 2015 y que entro en vigencia el 28 de noviembre del 2015. Siendo que la finalidad de esta norma jurídica es combatir la creciente ola de inseguridad ciudadana, por ende es que el legislador tomando en cuenta este aspecto y con la finalidad de aminorar la sensación de inseguridad ciudadana latente especialmente en los estratos sociales más vulnerables, es que reforma el articulado del libro V, artículos 446, 447 y 448 del código procesal penal del 2004 referente al proceso inmediato, introduciendo cambios sustanciales a la norma original, cambios que para efectos de la presente investigación inciden en que se afecte una serie de garantías y principios tanto procesales como constitucionales ya que se afecta esencialmente figuras como el plazo razonable, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia, así también en la dación de la norma se afecta algunas garantías constitucionales como son la autonomía y titularidad de la acción penal; por ende se enerva la esencia misma del proceso penal que por su naturaleza y a raíz de innumerables sacrificios históricos se ha constituido en la sociedad peruana un sistema acusatorio garantista que por su esencia es reconocedor de los derechos fundamentales de las personas (sin distinción sea este imputado o agraviado) y en donde se establece que la acción punitiva del estado se materializa a través de un órgano persecutor del delito (Ministerio Publico) y que la función de juzgar se realiza a través de un órgano imparcial, en el marco de reconocimiento de garantías procesales y sujeción a la constitución política del Perú. Por ende no se puede enervar todo un sistema de justicia penal por la implantación unilateral de una sola figura de justicia rápida que realiza un vuelco de 360 grados sobre un sistema de justicia que inicialmente era garantista, solo por conseguir resultados más rápidos para llenar estadísticas que responden a intereses políticos de turno, que con la finalidad de obtener aceptación aplican políticas criminales erróneas, que si bien disminuyen la carga procesal en los despacho fiscales y judiciales no disminuyen la delincuencia que siempre estará latente, en la sociedad humana. Es por esta razón que la investigación que planteamos tiene un matiz tendiente a averiguar de qué forma la aplicación del nuevo modelo de justicia rápida afecta el derecho a la defensa, para lo cual se utilizara un enfoque de investigación cuantitativa, esencialmente debido a que por medio del análisis de expedientes y entrevistas a algunos especialistas explicaremos si este proceso incide o no en que se vulnere el derecho de defensa, dentro de este ámbito también se pretende descubrir otros datos periféricos que nos ayuden a entender la realidad aplicativa de la norma que actualmente se encuentra vigente. Por tanto es menester señalar que la investigación jurídica que se viene realizando es pertinente y conducente, para entender los pros y contras del decreto, ya que la realidad aplicativa dista mucho de los objetivos por los que inicialmente el legislador elaboro la tan sonada y criticada reforma, es importante señalar además que realizaremos un análisis valorativo de conceptos que deben estar presentes para la elaboración de las normas, temas como estado, constitución, proceso penal, sistemas procesales, garantías constitucionales y principios del proceso penal, debido a que todos estos temas tiene íntima relación, por contener nexos, ya que no se podría hablar de elaboración de normas (decretos legislativos, etc.), sin que estas se encuentren subordinadas a una norma suprema como es la constitución, y no se podría hablar de constitución sin tener en cuenta la evolución historia de estado, ya que con el surgimiento de la sociedad y la necesidad de organización de esta, es que surge el estado. Todo lo anteriormente mencionado debe estar englobado en el respeto de los derechos fundamentales de la persona humana, por tanto concluimos diciendo que conforme lo esgrimido resulta necesario cuestionar algunas normas, ya que el legislador es humano y puede llegar a equivocarse.