La pérdida de ejecutoriedad de los actos administrativos (resoluciones de sanción y multa) firmes y consentidos en la Municipalidad Distrital de San Jerónimo – años 2015 y 2016

• Autores: Hancco Flores, Hilario, Paullo Davalos, Ruth Maribel
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2021
• Institución: Universidad Andina del Cusco
• Repositorio: UAC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uandina.edu.pe:20.500.12557/4299
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12557/4299
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Acto administrativo; Procedimiento sancionador; Pérdida de ejecutoriedad; Debido procedimiento; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La presente investigación aborda la perdida de ejecutoriedad de los actos administrativos (resoluciones de sanción y multa) firmes y consentidos emitidos por la municipalidad distrital de San Jerónimo, este tema está relacionado con la autonomía política, económica y administrativa que otorga la Constitución Política a las gobiernos locales y que se encuentra plasmada en la Ley Nº27972, Ley Orgánica de Municipalidades la cual faculta a las municipalidades provinciales y distritales a normar, regular, administrar su organización interna mediante ordenanzas que tiene rango de ley y conforme a sus necesidades, así mismo esta ley faculta el ejercicio de una capacidad sancionadora dentro del ámbito de su jurisdicción haciéndolas responsables por aplicación de un procedimiento sancionador regulado en la Ley Nº27444 y su Texto Único Ordenando aprobado por el D.S Nº004-2019-JUS con el cual deben respetar el principio del debido procedimiento. Esto no limita que dichos entes municipales puedan aprobar y/o implementar directivas, manuales y/o procedimientos internos que puedan servir de guía para la aplicación de las normas nacionales vigentes, adicional a ello el ordenamiento jurídico nacional implementa de normas que regulan el desarrollo económico local y desarrollo urbano en forma ordenada siendo función de los municipios hacer cumplir estas normas aplicando la celeridad en el debido procedimiento que garantice el derecho de defensa de los administrados. Cuando hablamos de celeridad hablamos de rapidez y eficacia dentro de un procedimiento sancionador, pero ello va de la mano con el conocimiento y capacidad de los funcionarios y servidores que intervendrán y formaran de dicho procedimiento ya que el desconocimiento o el probar suerte podría resultar que desde el inicio de la fiscalización, recolección de pruebas, notificaciones, constataciones y otros actos hasta la emisión de la resolución administrativa de sanción y multa resulte infructuosa, ello debido a que derivado el expediente administrativo contiendo el acto administrativo que constituye título ejecutivo que avala la obligación de dar, hacer o no hacer en favor del estado, evaluado por el área coactiva encargad e la ejecución forzosa esta sea devuelta por vacíos y/o deficiencias que acarren su nulidad, aunándose a ello que estas falencias nunca son resueltas o subsanadas y al quedar en el olvido son víctimas de los plazos que establece la norma y se transforman en inejecutables, contribuyendo a la impunidad por parte de los infractores quienes están al tanto de las modificaciones de las normas y se acogen a los mecanismos de la prescripción y caducidad que son castigos ante la inacción por parte del estado ante infracciones administrativas. En la presente investigación se ha considerado el diseño metodológico socio – jurídico, que en su desarrollo estrecha la relación sistema normativo - realidad social, se enfatiza en la eficiencia de la norma para cumplir los objetivos del legislador y la finalidad del estado y frente a los hechos, problemas o persona regulados. Por ello evaluaremos las razones como la perdida de ejecutoriedad de los actos administrativos por la dilación del tiempo constituyen un medio que contribuye a la impunidad y atentan contra el principio de autoridad que es comparado con la ineficiencia, así mismo evaluaremos proponer o aportar posibles soluciones; con la finalidad de servir como modelo de futuras investigaciones que pretendan proponer modificaciones en el ordenamiento jurídico sobre la base de la investigación socio-jurídica.