Racionalidad legislativa del capítulo II de la Ley N°30220 que crea y regula la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria

• Autores: Aimituma Colque, Ahoki Edson, Suarez Sanchez, Richard
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco
• Repositorio: UNSAAC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unsaac.edu.pe:20.500.12918/12353
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12918/12353
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Racionalidad legislativa; SUNEDU; Ley Universitaria N.º 30220; Regulación universitaria; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La investigación tuvo como objetivo evaluar el nivel de racionalidad legislativa del Capítulo II de la Ley N.º 30220, que crea y regula la SUNEDU, mediante un enfoque multidimensional: racionalidades lingüística-comunicativa, jurídico-formal, pragmática, teleológica y ética. El estudio se desarrolló en un contexto de conflictividad política y jurídica, caracterizado por demandas de inconstitucionalidad: reformas y contrarreformas legislativas, lo que generó inestabilidad normativa, debilitamiento institucional y fragmentación en la gobernanza universitaria. La metodología fue cualitativa, de nivel descriptivo-explicativo, basada en el análisis documental, jurídico-hermenéutico, dogmático, jurisprudencial y socio jurídico. De manera complementaria, la evaluación de la racionalidad pragmática incorporó un componente cuantitativo mediante encuestas aplicadas a actores universitarios y de percepción ciudadana. Los resultados evidencian un nivel precario de racionalidad legislativa general. Se identificaron ambigüedades, redundancias e incoherencias normativas que afectan la claridad y coherencia del texto legal, así como una legitimidad social fragmentada y un debilitamiento institucional. La racionalidad teleológica fue considerada irracional por la desalineación entre los fines normativos y los resultados observables, salvo en aspectos específicos de fiscalización. La racionalidad ética también resultó precaria debido a riesgos para la independencia, imparcialidad y neutralidad de la SUNEDU tras las reformas recientes. Se concluye que el Capítulo II presenta deficiencias estructurales y funcionales que comprometen su eficacia regulatoria y legitimidad normativa, siendo necesaria una revisión legislativa orientada a fortalecer la calidad normativa, la gobernanza universitaria y el derecho a una educación superior de calidad.