El silencio administartivo positivo frente al derecho constitucional de petición en las entidades de la adminsitación pública de la ciudad de Huaraz durante los años 2008 al 2010

• Autor: Marcos Velásquez, Emerson Ervhin
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2014
• Institución: Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo
• Repositorio: UNASAM-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:172.16.0.151:UNASAM/820
• Enlace del recurso: http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/820
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Derecho de petición; Silencio administrativo; Funcionario; Administración pública; Administrado

En cuantas veces nos ha pasado que ante un procedimiento administrativo que hemos iniciado no hemos obtenido un pronunciamiento expreso de la Administración Pública, dejándonos con la duda de qué hacer ante esa situación. Para ese tipo de situaciones la ley prevé ciertos efectos jurídicos dependiendo de ante qué situación estemos. Esta situación se denomina en el derecho administrativo como silencio administrativo. Cuando la administración Pública no emite resolución administrativa en un procedimiento, vencido el plazo establecido por la Ley del Procedimiento Administrativo General se origina el llamado silencio administrativo, el mismo que genera efectos jurídicos específicos poniendo fin al procedimiento administrativo en determinadas situaciones. La justificación de esta figura jurídica consiste en el hecho de que el interés público y el administrativo no se vean perjudicados por la inacción de la administración en un procedimiento administrativo. La investigación tuvo por finalidad analizar si el silencio administrativo positivo, regulada por Ley 29060, garantizará el cumplimiento del derecho constitucional de petición dentro de la administración pública de las entidades del estado, ubicadas en la ciudad de Huaraz, durante los años, 2008 al 2010. Para poder probar la hipótesis se empleó la técnica de la argumentación jurídica, concluyendo que los empirismos y deficiencias normativas existentes en la Ley del Silencio Administrativo positivo, no permite que la Administración Pública garantice adecuadamente el cumplimiento del derecho de petición consagrado en la Constitución Política del Estado Peruano.