Fundamento jurídico invocado por el juzgado penal especializado en delitos de corrupción de funcionarios de cajamarca, respecto al daño patrimonial, en el delito de peculado doloso durante los años 2019 - 2021

• Autor: Lobatón Carbajal, André Antonio
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2022
• Institución: Universidad Nacional de Cajamarca
• Repositorio: UNC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unc.edu.pe:20.500.14074/5090
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.14074/5090
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: elementos objetivos del tipo penal; delito de peculado doloso; daño patrimonial; fundamento jurídico; http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02

El fundamento jurídico seguido por el Juzgado Penal Especializado en Delitos de Corrupción de funcionarios de Cajamarca, durante los años 2019-2021, para considerar al daño patrimonial como elemento objetivo del tipo se realiza sobre la base, de que, para poder configurar el delito de peculado doloso es necesaria la materialización de un efectivo perjuicio patrimonial en los bienes de la entidad agraviada. Frente al problema de investigación advertido, corresponderá determinar si -en el ejercicio de la función jurisdiccional- el precitado órgano judicial construye su postura con base a los fundamentos o argumentos desarrollados en sede doctrinal, en lo referido a si el daño patrimonial forma parte del tipo objetivo del delito de peculado doloso. Con la finalidad de esclarecer esta problemática, el presente trabajo identificó los alcances del tipo objetivo para la configuración de este delito, a su vez que, se analizó el fundamento jurídico seguido -en la práctica judicial- por el Juzgado Penal Especializado en Delitos de Corrupción de funcionarios de Cajamarca, respecto al daño patrimonial, en el delito de peculado doloso durante los años 2019-2021 al momento de dictar sentencia en la comisión del referido delito. Esto, con el objetivo de advertir de qué manera se concibe al daño patrimonial en el devenir de la práctica jurisdiccional y, de esta manera, proponer un protocolo interpretativo que adecue las posturas difusas identificadas.