Fundamentos Constitucionales Para La Adopción Del Peritaje Antropológico Como Prueba Obligatoria En Los Procesos Penales

• Autor: Alcántara Salazar, Henry Segundo
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2014
• Institución: Universidad Nacional de Cajamarca
• Repositorio: UNC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unc.edu.pe:20.500.14074/1772
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.14074/1772
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Tutela Jurisdiccional; Derecho Constitucional; Identidad Étnica; Casos Judiciales

La investigación buscó dar respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son las principales razones jurídicas constitucionales que deben fundamentar la obligatoriedad del peritaje antropológico en los procesos penales que involucren al artículo 15° del Código Penal, teniendo en cuenta la jurisprudencia cajamarquina entre los años 2007-2012? Para ello se puso a prueba la hipótesis que afirmaba que dichas razones eran: 1. Garantizar el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional, 2. Garantizar la protección de la identidad étnica, y 3. Garantizar la protección de la identidad cultural. Se pudo encontrar que en el Distrito Judicial de Cajamarca esas son las razones, ya que ellas dependen del peritaje antropológico, pues es de suma importancia, tanto para el fiscal como para el juez, contar con un documento técnico que sea capaz de proporcionarles datos sólidos sobre las cosas que desconocen o que no están en la capacidad de comprender sin coadyuvantes. Por ello el peritaje ayuda a reconocer y, por tanto, buscar protección del derecho a la identidad étnica y cultural; pero eso no es todo, ya que el peritaje también hace posible la protección, de forma directa o indirecta, del derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva. La protección directa se presentará en la obligatoriedad del peritaje, mientras que la indirecta se dará por los resultados que se obtengan gracias a ese peritaje. Por todo esto, en la tesis se realizó una propuesta legislativa que tiene como objeto modificar el inc. 2 del art. 172° del Código Procesal Penal, en el sentido de que el peritaje debe ser obligatorio.