Principio constitucional que se vulnera en la regulación del delito de homicidio calificado por la condición de la víctima en comparación con el homicidio básico según el código penal peruano

• Autor: Martos Colonia, Winny Fiorella
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Universidad Nacional de Cajamarca
• Repositorio: UNC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unc.edu.pe:20.500.14074/7846
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.14074/7846
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Homicidio básico; homicidio calificado; principio de igualdad; http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

Este estudio analiza la vulneración del principio constitucional de igualdad en la regulación del delito de homicidio calificado por la condición de la víctima en el Código Penal peruano, comparado con el homicidio básico. Aunque ambos delitos protegen el derecho fundamental a la vida, el artículo 108-A del Código Penal excluye de su ámbito de protección a funcionarios públicos de menor rango que enfrentan riesgos elevados debido a sus funciones, privilegiando solo a los altos funcionarios mencionados en el artículo 39 de la Constitución Política del Perú. Se utilizó un enfoque cualitativo, con métodos hermenéuticos, dogmáticos y argumentativos, y técnicas de análisis documental. Los resultados evidencian que el tratamiento diferenciado carece de justificación objetiva y razonable, violando el principio de igualdad. Se propone derogar el artículo 108-A y reubicar su contenido en el artículo 367 del Código Penal, ampliando la protección a todos los servidores públicos, sin distinción de rango. Esta investigación busca no solo mejorar la sistematización normativa, sino también fortalecer la legitimidad democrática del Estado, promoviendo una aplicación equitativa del derecho penal. La propuesta legislativa planteada pretende garantizar la igualdad en la protección jurídica y evitar antinomias en el ordenamiento. Finalmente, el trabajo aporta un marco teórico robusto para futuras reformas legales que prioricen los derechos fundamentales.