Principios jurídicos que se vulneran al no regularse los criterios que interpretan el “contexto de violencia familiar” del delito contenido en el artículo 122-b del código penal

Descripción del Articulo

De la estructura del tipo penal previsto en el artículo 122- B del Código Penal peruano, se advierte que para tipificar el delito de agresión a una mujer o a un integrante del grupo familiar, el legislador exige que dicha agresión se sitúe en alguno de los contextos previstos en el artículo 108- B d...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Gamboa Chacón, Kelly Marimar
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2024
Institución:Universidad Nacional de Cajamarca
Repositorio:UNC-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.unc.edu.pe:20.500.14074/7172
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/20.500.14074/7172
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Violencia
Familia
Responsabilidad
Confianza
Poder
Verticalidad
Móvil de destrucción
Situación de vulnerabilidad
Ciclicidad
Progresividad
Seguridad jurídica
Protección de bienes jurídicos y taxatividad.
http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Descripción
Sumario:De la estructura del tipo penal previsto en el artículo 122- B del Código Penal peruano, se advierte que para tipificar el delito de agresión a una mujer o a un integrante del grupo familiar, el legislador exige que dicha agresión se sitúe en alguno de los contextos previstos en el artículo 108- B de dicho ordenamiento, uno de los cuales es el “contexto de violencia familiar”, respecto del cual tanto la doctrina como la jurisprudencia y los operadores del Derecho, en específico, no mantienen una interpretación uniforme. Por un lado, se comprende dicho contexto como una relación de responsabilidad, confianza o poder; por otro, se sostiene que dicho contexto está determinado por ciertos criterios, tales como la verticalidad, el motivo de destrucción, la ciclicidad, la progresividad y la situación vulnerable de la víctima; incluso, eclécticamente se entiende como una relación de responsabilidad, confianza, o poder en la que debe haber verticalidad, ciclicidad y progresividad; de manera que, no se evidencia un marco normativo específico que regule los criterios para imputar el elemento normativo contexto de violencia familiar en la configuración del injusto penal de agresiones en agravio de la mujer o integrantes del grupo familiar. Es por ello que la presente tesis se centra, de modo general, en determinar los principios jurídicos que se vulneran al no regularse los criterios para interpretar el “contexto de violencia familiar” como elemento normativo del ilícito contenido en el artículo 122- B del ordenamiento penal peruano; y, de modo específico, en desarrollar los criterios que se utilizan para interpretar dicho contexto de violencia familiar, analizando, desde la dogmática, el contenido del delito de agresiones, también, la esencia de determinados principios como la seguridad jurídica, la protección de bienes jurídicos, la taxatividad; y, elaborando una propuesta legislativa orientada a establecer los criterios para la interpretación del “contexto de violencia familiar”. Para ello, con relación al aspecto metodológico, se empleó métodos generales tales como el analítico- sintético y el deductivo- inductivo; y, métodos propios del Derecho como el dogmático, el argumentativo y el hermenéutico. Lo cual ha permitido llegar a la conclusión que los principios jurídicos de seguridad jurídica, protección de bienes jurídicos y taxatividad no revisten observancia dada la ausencia de regulación en el supuesto estudiado. La presente investigación es útil o relevante porque permitió diseñar la propuesta legislativa de reglamentar en la Ley N.° 30364, Ley orientada a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes de la familia, los criterios que interpreten el elemento normativo “contexto de violencia familiar”, que permitirá hacer frente a la problemática planteada, garantizando con ello la observancia a la seguridad jurídica, protección de bienes jurídicos y taxatividad, que constituyen principios propios de un Estado Constitucional de Derecho.
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