Informe jurídico sobre la resolución N° 2288- 2024/SPC-INDECOPI

• Autor: Sandoval Muñoz, Maria Belén
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/204380
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.14657/204380
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Protección del consumidor--Jurisprudencia--Perú; Sanciones administrativas--Jurisprudencia--Perú; Derecho administrativo--Jurisprudencia--Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El presente informe jurídico examina la Resolución N° 2288-2024/SPCINDECOPI, que resuelve la apelación presentada por Giancarlo Castro Vásquez, propietario del salón “LISSOS & COLOR”, contra la sanción de 2 UIT impuesta por brindar un laceado capilar defectuoso. La denuncia fue interpuesta por Tania Mirelys Carranza Buenaño, quien sufrió molestias físicas, ardor ocular y daño visible en su cabello tras el procedimiento. La resolución analiza la responsabilidad del proveedor por incumplimiento del deber de seguridad y calidad en la prestación del servicio, conforme a lo establecido en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. La resolución evalúa si el proveedor infringió los artículos 18° y 25° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, relacionados con los deberes de idoneidad y seguridad. La Sala confirmó la infracción al deber de idoneidad por el deficiente servicio brindado, pero desestimó la infracción al deber de seguridad al no encontrarse prueba médica suficiente que acredite daño físico causado a la consumidora tras el laceado. El presente informe estructura un arduo análisis en torno a esta última decisión y tiene a bien dilucidar como principal problema jurídico el incumplimiento del deber general de seguridad, y para ello se apoyará en dar respuesta a los problemas secundarios que versan en la ausencia de los estándares mínimos exigibles, ausencia de diligencia y profesionalismo y la vulneración del deber de información. El informe concluye que el señor Castro Vásquez sí infringe el deber general de seguridad, en tanto el caso se trata de un riesgo previsible.