La anomalía psíquica como causal de inimputabilidad en el derecho penal peruano

• Autor: Vásquez Baiocchi, Amable Maria Eugenia
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2022
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/194158
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12404/25052
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Imputabilidad--Perú; Trastornos mentales; Responsabilidad penal--Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02

Derecho penal parte de la concepción del libre albedrío como garantía para aplicar las consecuencias contempladas en nuestro ordenamiento. Solo quien ha actuado de forma libre y plena podrá ser penalmente responsable de sus actos cuando estos configuren un delito. Sin embargo, el artículo 20° del Código Penal peruano contempla a la anomalía psíquica como una causa de exclusión de la responsabilidad penal. Esta causal tiene una regulación meramente enunciativa cuyo contenido resulta necesario comprender a fin de garantizar una aplicación legítima de la figura, pues resulta evidente que las aportaciones de la doctrina penal y uso de otras disciplinas no son tomadas en cuenta idóneamente hoy en día por los operadores de justicia. Para ello, la presente investigación aborda la cuestión de la anomalía psíquica como causal de inimputabilidad en el Derecho penal peruano. En un primer plano, se desarrolla el concepto de libertad y su vinculación con la imputabilidad en términos penales. A continuación, se analiza el concepto mismo de anomalías psíquicas y su clasificación de acuerdo a la disciplina especializada de la psiquiatría. Finalmente, se hace un recuento de la respuesta que el Derecho otorga frente al reconocimiento de la anomalía psíquica como causal de inimputabilidad. En suma, se concluye a partir de todo lo anterior que la anomalía psíquica debe ser entendida compuesta por un aspecto evidentemente personal y uno social, y es esto lo que debe ser comprendido, evaluado y aplicado por los operadores de justicia a fin de garantizar su correcta puesta en práctica.