Informe jurídico sobre Resolución N° 01146-2021-AA/TC

• Autor: Bustamante Migliori, María Fernanda
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/204468
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.14657/204468
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Perú. Tribunal Constitucional--Jurisprudencia; Personas con discapacidad--Legislación--Perú; Administración pública--Perú; Derechos fundamentales--Legislación--Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

En el presente informe jurídico se examina el papel de la administración pública en la garantía, promoción y protección efectiva de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, con especial énfasis en aquellas con discapacidad auditiva dentro del marco de los procedimientos administrativos vinculados al acceso a la seguridad social. Esta necesidad de análisis surge a partir de situaciones evidenciadas en diversas entidades del Estado, donde se observan prácticas normativas y administrativas que podrían constituir formas de exclusión o discriminación, vulnerando así el principio de igualdad y el acceso universal a servicios esenciales. Se analiza el marco constitucional e institucional de SALUDPOL, entidad que, en su calidad de organismo administrativo estatal, tiene la responsabilidad de garantizar el acceso equitativo a prestaciones de salud conforme al interés público y a los principios del Estado social y democrático de derecho. Sin embargo, se identifican barreras normativas en los reglamentos internos de esa institución que afectan el desarrollo y bienestar de las personas con discapacidad auditiva al excluir prestaciones específicas como el acceso a dispositivos biomédicos fundamentales para su integración social, educativa y laboral. Es por ello, que se recurre al marco normativo nacional e internacional sobre derechos humanos, donde se plantea que las entidades públicas aseguren el acceso efectivo a la seguridad social respetando el principio de legalidad y aplicando adecuadamente los principios de buen gobierno, tales como razonabilidad, sobre la ponderación entre medios y fines y el principio de eficacia, que detalla la obligación de remover obstáculos que no puedan garantizar el ejercicio pleno de los derechos.