La (in)constitucionalidad de la Ley 31355 que establece límites a la cuestión de confianza

Descripción del Articulo

En el presente artículo se analiza la constitucionalidad de la Ley 31355, Ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Constitución Política del Perú. Contrariamente a lo decidido por el Tribunal Constitucional...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Alejos Mata, Omar Alejandro
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2022
Institución:Pontificia Universidad Católica del Perú
Repositorio:PUCP-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/192471
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/20.500.12404/24764
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Poder legislativo--Perú
Control parlamentario--Perú
Reformas constitucionales
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Descripción
Sumario:En el presente artículo se analiza la constitucionalidad de la Ley 31355, Ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Constitución Política del Perú. Contrariamente a lo decidido por el Tribunal Constitucional peruano, se concluirá que la Ley 31355 presenta vicios de inconstitucionalidad tanto a nivel formal como material. Para ello, en primer lugar, se introducirá al lector en los aspectos teóricos de la cuestión de confianza: su contenido y alcances, su evolución histórica en las constituciones peruanas y su desarrollo jurisprudencial. En segundo lugar, se analizarán los vicios formales de la Ley 31355: primero, que fue tramitada como ley ordinaria, en lugar de seguir el procedimiento de reforma constitucional; segundo, que excedió el ámbito de una ley de desarrollo constitucional; y, tercero, que excedió el ámbito de una ley interpretativa. En tercer lugar, se analizarán los vicios materiales en que incurre la Ley 31355, cada uno en relación a los límites que indebidamente introdujo: la imposibilidad de plantear cuestión de confianza sobre reformas constitucionales, sobre competencias exclusivas y excluyentes del Congreso y de organismos constitucionalmente autónomos, y aspectos procedimentales como que solo el Congreso puede interpretar el sentido de su decisión.
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