La realidad de las finanzas sostenibles: El papel de la jurisprudencia peruana frente al greenwashing

• Autor: Suazo Paitampoma, Carlos Antonio
• Formato: artículo
• Fecha de Publicación: 2026
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/205509
• Enlace del recurso: https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/revistalidera/article/view/33338/28617; http://hdl.handle.net/20.500.14657/205509
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Greenwashing; Finanzas sostenibles; Sostenibilidad; Derecho ambiental; ESG; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04

El crecimiento de inversiones sostenibles ha traído una mayor integración de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en los mercados de capitales. No obstante, una de las principales consecuencias que viene surgiendo en muchas empresas es la proliferación de prácticas de greenwashing, por medio de las cuales los emisores de productos o los ofertantes de servicios financieros pretenden provocar la escasa o nula comprensión de los inversionistas sobre la sostenibilidad de los productos o servicios. A partir de ese contexto, esta investigación analiza el papel que ha desempeñado la jurisprudencia peruana en el combate y control de dichas prácticas no reales. Con ello, se busca indagar si la administración judicial ha sido efectiva en la prevención y sanción de las diversas manifestaciones de greenwashing en el Perú. A partir del ordenamiento jurídico vigente, se concluye que prácticamente no ha existido una intervención judicial directa sobre el greenwashing. La explicación sobre esto radica en la ausencia de un marco normativo específico, así como en la escasa jurisprudencia asociada a la protección y la promoción de las finanzas sostenibles y la inversión responsable. Sin embargo, existen avances normativos que los órganos administrativos y judiciales podrían seguir para avanzar hacia un sistema financiero más sostenible en el Perú, mediante la interpretación expansiva de las normas vinculadas a los principios de transparencia, la debida diligencia, la protección del consumidor y el impacto ambiental.