Informe jurídico sobre la Resolución Final N° 1783-2024/CC2

• Autor: Chavez Cortez, Ariana Valeria
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/204520
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.14657/204520
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Protección del consumidor--Jurisprudencia--Perú; Sanciones administrativas--Perú; Derecho administrativo--Jurisprudencia--Perú; Acceso a la información--Legislación--Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El presente informe jurídico analiza los alcances del deber de información en el mercado de servicios de transporte aéreo, tomando como referencia la Resolución N.° 1783-2024/CC2, emitida en el marco de un procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Sky Airline Perú S.A.C. por no consignar el precio en moneda nacional ni informar el tipo de cambio al momento de la compra de boletos aéreos a través de su plataforma electrónica. A partir de este caso, el trabajo tiene por objetivo determinar el alcance del deber de información respecto a la consignación de precios en moneda nacional y extranjera, en función de lo dispuesto por los artículos 2° y 6.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Se sostiene que el deber de información no se aplica de manera uniforme, sino que debe observarse con un enfoque diferenciado según la etapa de la relación de consumo. En ese marco, el artículo 6.1° resulta exigible únicamente en la etapa precontractual, concretamente a los supuestos de publicidad y difusión, sin que corresponda extender su aplicación a fases posteriores, donde operan condiciones técnicas y comerciales distintas. En particular, se examina la estructura real del sector aéreo, caracterizada por la fijación de tarifas en dólares y la aplicación de tipos de cambio por parte de las entidades bancarias. A partir de ello, el análisis permite afirmar que el marco normativo vigente establece parámetros suficientes para garantizar la transparencia informativa, sin que ello implique trasladar al proveedor responsabilidades que excedan lo previsto por la ley.