Vulneración a los derechos del arrestado en la aplicación del arresto ciudadano en delito flagrante y los límites en la acusación fiscal, distrito fiscal de Puno – 2017

• Autor: Isia Larico, Sonia Marizela
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2018
• Institución: Universidad Nacional Del Altiplano
• Repositorio: UNAP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:https://repositorio.unap.edu.pe:20.500.14082/9617
• Enlace del recurso: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/9617
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Derecho público; Derecho ciudadano; Derecho constitucional y procesal penal

En la presente investigación, se plantea como objetivo de estudio el determinar la deficiencia que emerge del proceso de arresto ciudadano en delito flagrante en el Distrito Fiscal de Puno, por cuanto su aplicación por parte de los ciudadanos muchas veces vulnera los derechos fundamentales del arrestado y a su vez limita la formulación de la acusación fiscal en una investigación penal, por cuanto la colectividad al realizar el arresto ciudadano, altera la escena del lugar de los hechos, así como no entrega los bienes objetos del delito a la autoridad competente; en cuanto a la metodología empleada es acorde al racionalismo crítico, de método hipotético deductivo, con un diseño no experimental de carácter transversal de tipo descriptivo, con una muestra no probabilística, elegida por conveniencia del investigador, en el que se tiene tres grupos de muestras, siendo estas: el de fiscales del distrito fiscal de Puno con una muestra de 27 fiscales, la Policía Nacional de Perú - Comisaría Central de Puno con una muestra de 37 efectivos policiales y abogados litigantes integrantes del Ilustre Colegio de Abogados de Puno con una muestra de 30 abogados, en los resultados se concluye que la deficiencia que emerge de la aplicación del arresto ciudadano vulneran los derechos del arrestado en un 19%; que en la praxis jurídica social se identificó que la vulneración a los derechos del arrestado en un 30% se vulnera el derecho de defensa y el respeto de su dignidad y en un 57% se vulneran el derecho a la presunción de inocencia, así también en un 74% de arrestos se alteran los elementos de convicción de la escena del delito.