El proceso inmediato en flagrante delito y la vulneración del derecho a la defensa en la provincia de San Román 2021-2022

• Autor: Quispe Poccohuanca, Franklin
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Universidad Nacional del Altiplano
• Repositorio: UNAP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unap.edu.pe:20.500.14082/25060
• Enlace del recurso: https://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/25060
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Debido proceso; Derecho a la defensa; Flagrante delito; Proceso inmediato; Vulneración; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

Durante los años 2021 y 2022, en la provincia de San Román, se incrementó el uso del proceso inmediato por flagrancia como mecanismo para agilizar la administración de justicia. Sin embargo, esta celeridad evidenció serias deficiencias respecto al respeto de los derechos fundamentales del imputado, en particular su derecho a la defensa. Esta investigación tuvo como objetivo general analizar de qué manera se vulneró dicho derecho en la aplicación del proceso inmediato por flagrancia en el periodo señalado. Como objetivos específicos, se analizó si este procedimiento respetó el debido proceso y el principio de igualdad de armas, y se propuso modificar los artículos 447 y 448 del Código Procesal Penal, en lo concerniente a los plazos que afectan el ejercicio adecuado de la defensa. Se desarrolló una investigación de tipo aplicada, con enfoque cualitativo, nivel descriptivo-analítico y diseño hermenéutico-jurídico. Se trabajó con diez abogados litigantes, utilizando entrevistas y análisis documental como técnicas de recolección de datos. Los resultados revelaron que el proceso inmediato vulneró derechos como la defensa técnica, la presunción de inocencia, el derecho a la prueba y a un juicio justo. Esta vulneración fue atribuida principalmente a la brevedad del plazo procesal, que limitó la preparación de la defensa, la presentación de pruebas y la solicitud de diligencias necesarias. Se concluye que es necesario reformar los plazos legales del proceso inmediato a fin de garantizar el respeto pleno de los derechos del acusado y asegurar un proceso verdaderamente justo y equilibrado.