Editorial

• Autor: Orellana Manrique, Oswaldo
• Formato: artículo
• Fecha de Publicación: 2015
• Institución: Universidad Nacional Mayor de San Marcos
• Repositorio: Revistas - Universidad Nacional Mayor de San Marcos
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe:article/12080
• Enlace del recurso: https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/psico/article/view/12080
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: editorial

El segundo semestre se ha caracterizado por la amenaza permanente de un nuevo organismo fiscalizador creado por la nueva Ley Universitaria 30220, de contrareforma universitaria, la SUNEDU; creando una actitud punitiva hacia las universidades públicas, su satanización persistente y día a día se percibe, actos persecutorios a las universidades públicas, fácilmente ubicados dentro de los peores periodos negros en la historia universitaria en el Perú y en el mundo. Esta vez es una nueva politización, que involucra el poder administrativo del gobierno de la universidad, pese que dentro de sus atribuciones no está considerado intervenir en estos aspectos, sin embargo en una “interpretación auténtica” de la Ley 30220, el Ministerio de Educación, a través de la SUNEDU, desconoce a rectores legítimamente elegidos e impone a otros que se someten al controlismo de este organismo fiscalizador. Lo nuevo en el escenario es que hacen demagogia de la calidad, a la cual afirman que defienden, sin tener una matriz explicativa sobre el tema, he incluso creando caos y desorden sobre los avances de las universidades para la acreditación; esta actitud negativa empezó cuando al Ministerio de Educación se le ocurrió definir un cronograma para el cese de las autoridades electas en la anterior ley, fijando la fecha límite de cese para el 31 de diciembre; medida que a todas luces es autoritaria, en el criterio que la ley no coloca fechas, y afirma en cambio que las autoridades actuales mantienen sus funciones hasta el termino del periodo que fueron elegidas. Otra medida autoritaria es la reglamentación de sanciones que se encuentra establecida en la Ley 30220, sanciones variopintas, que establecen, entre acciones universitarias típicas, calificándolas como graves y muy graves, en un desafío activo de violar la autonomía universitaria, la misma que formalmente se encuentra establecida en la ley.