La discrecionalidad del área usuaria en el Ministerio de Salud en las contrataciones directas por situaciones de emergencia y el respeto del principio de integridad

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La Constitución Política del Perú de 1993 establece derechos y obligaciones de los ciudadanos peruanos, velando por el bienestar social, el respeto y cumplimiento de sus derechos fundamentales, así mismo, señala los principios generales del derecho con la finalidad de proporcionar una base sólida pa...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Gómez Oliva, Donna Elizabeth
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2025
Institución:Pontificia Universidad Católica del Perú
Repositorio:PUCP-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/30732
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/20.500.12404/30732
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Contratos de trabajo--Legislación--Perú
Pandemia de COVID-19, 2020---Aspectos legales--Perú
Procedimiento administrativo--Legislación--Perú
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Descripción
Sumario:La Constitución Política del Perú de 1993 establece derechos y obligaciones de los ciudadanos peruanos, velando por el bienestar social, el respeto y cumplimiento de sus derechos fundamentales, así mismo, señala los principios generales del derecho con la finalidad de proporcionar una base sólida para guiar la normativa y comportamiento dentro de un sistema. Conjuntamente, la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General establece normas para las actuaciones de la Función administrativa del Estado, regula todos los procedimientos administrativos que serán desarrollados en las entidades estatales con la finalidad de proteger el interés general garantizando derechos e intereses de los administrados sirviendo esta como base para la elaboración de otras normas de otros ámbitos de aplicación. En la presente investigación se analizará el procedimiento de contratación directa por situación de emergencia establecido en la actual Ley N°30225, Ley de Contrataciones y su reglamento. Dado que durante la crisis sanitaria del COVID-19, el gobierno peruano adoptó medidas excepcionales, entre ellas, la contratación directa de bienes y servicios para enfrentar la emergencia sanitaria. Gracias a los medios de comunicación y a las páginas de transparencia del estado se puso de manifiesto la necesidad de analizar la aplicación de los principios de la que rigen la contratación pública que se llevaron a cabo en los procesos de contratación. La emergencia sanitaria, involucro la actuación de distintos ámbitos tales como educación, transportes, pero en especial en el sector salud. Es así que, la Ley N° 26842, Ley General de Salud, establece que la protección de la salud es una responsabilidad irrenunciable del Estado. En este sentido, se autorizó la contratación directa por emergencia para garantizar la continuidad de los servicios. Sin embargo, la aplicación de esta norma en situaciones de emergencia presentó cuestionamientos respecto a la discrecionalidad de los servidores públicos y la correcta aplicación de los principios de transparencia e integridad. Este trabajo tiene como objetivo analizar la relación entre la discrecionalidad de los servidores públicos y el principio de integridad en las contrataciones directas del Estado, enfocándose en las contrataciones realizadas por el MINSA durante la emergencia sanitaria. Se revisan informes de control posterior emitidos por la Contraloría General de la República, que identificaron irregularidades en el proceso de contratación directa, afectando la correcta aplicación de los principios de la administración pública. La investigación se estructura en tres capítulos: el primero ofrece un marco teórico general sobre las contrataciones del Estado, explicando el marco normativo; el segundo capítulo sobre las contrataciones directas en situación de emergencia, esta se desglosa en distintos análisis como el derecho comparado con Chile y Colombia, así como el análisis de 14 informes de control sobre las contrataciones directas por situación de emergencia realizadas por el MINSA en los años 2021, 2022 y 2023, evaluando la aplicación del principio de integridad y la discrecionalidad de los servidores públicos en los procesos de contratación; y el tercer capítulo análisis de la contratación directa por situación de emergencia, abordando los beneficios que la nueva Ley N° 32069 de Contrataciones del Estado podría aportar para mejorar la transparencia y la gestión pública, especialmente en tiempos de emergencia. Este estudio pretende contribuir a la reflexión sobre la importancia de fortalecer los principios de integridad y transparencia en la contratación pública, asegurando que las decisiones tomadas durante las emergencias sean más responsables y alineadas con los intereses del Estado y la ciudadanía.
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