Repensando los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos frente a los desafíos actuales de la institucionalización de las personas con diversidad funcional mental

• Autor: Acuña Pereda, Erick Antonio
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2010
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Tesis
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/1223
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12404/1223
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Derechos humanos; Personas con discapacidad; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

Esequiel Pacheco Tavera. 34 años. Casado y con 3 hijos. Proveniente de una familia en situación de pobreza, trabajaba lavando carros en la Plaza Mayor de la ciudad de Lima. Un día, fue atropellado por un auto. En la posta médica le dijeron que sólo tenía un leve hematoma. No obstante, luego de un par de meses, su situación se agravó. Le era difícil poder comunicarse; su familia lo veía comportarse de manera extraña. Un día salió a la calle sin vestimenta alguna, por lo que fue detenido por un agente policial que lo vio. Luego de forcejear con dicho policía, Esequiel fue llevado a un centro penitenciario, donde fue golpeado y aislado en una pequeña habitación. Dos semanas después, fue hallado muerto debido a que no recibió atención médica. Nunca le dijeron las razones de su detención, ni fue llevado ante una autoridad para determinar la validez de la misma. Ignacio Soldevilla Reátegui. 10 años. Vivía con sus padres y asistía a una escuela privada de educación primaria. Su profesora se empezó a dar cuenta de que Ignacio no prestaba atención durante las clases y que su rendimiento académico era muy bajo. El problema radicaba en que desde que empezó el colegio, siempre mostró esa conducta, solo que ahora se había acrecentado. Un par de semanas después de un examen, dos agentes de una institución mental estatal acudieron a su casa y se lo llevaron a dicho centro. No pudo comunicarse con sus padres durante la primera semana, ya que los médicos argumentaban que estaban “verificando” la salud del menor. El proceso judicial para determinar su situación ha durado un año y medio y todavía no hay resolución firme. Asimismo, se le ha impedido participar de las actuaciones procesales.