Informe jurídico sobre la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 001-2012-PI/TC: caso de la Ordenanza Regional N°036-2011-GR.CAJ-CR que declaró inviable la ejecución del Proyecto Minero Conga

Descripción del Articulo

El estallido del conflicto social, ambiental y cultural motivado por el posible desarrollo del Proyecto Minero “Conga” atrajo las miradas de todo el país y del mundo, debido a la inversión proyectada de 4,800 millones de dólares, por parte de la Minera Yanacocha. Mientras el Gobierno Peruano, lidera...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Sisniegas Rodríguez, Adrián De la Cruz
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2024
Institución:Pontificia Universidad Católica del Perú
Repositorio:PUCP-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/29169
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/20.500.12404/29169
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Perú. Tribunal Constitucional--Jurisprudencia
Industria minera--Perú--Cajamarca
Conflictos sociales--Perú--Cajamarca
Proyecto Conga
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Descripción
Sumario:El estallido del conflicto social, ambiental y cultural motivado por el posible desarrollo del Proyecto Minero “Conga” atrajo las miradas de todo el país y del mundo, debido a la inversión proyectada de 4,800 millones de dólares, por parte de la Minera Yanacocha. Mientras el Gobierno Peruano, liderado por el Presidente Ollanta Humala Tasso, intentaba apaciguar el conflicto y llevar a cabo el proyecto; por su parte, el Gobierno Regional de Cajamarca, a través de su Presidente Regional, Gregorio Santos Guerrero, recogió los pedidos de la población que se oponía a la desaparición de sus lagunas, a través de la emisión de la Ordenanza Regional N° 036 – 2011 – GR.CAJ-CR, la cual, declaraba inviable “Conga”. El Fiscal de la Nación interpuso una Demanda de Inconstitucionalidad en contra de la ordenanza, la cual, daba la oportunidad al Tribunal Constitucional Peruano para emitir una Sentencia que resuelva el conflicto; sin embargo, el máximo intérprete de la Constitución decidió, de manera apresurada, no pronunciarse sobre el EIA de Conga e invisibilizar a las Comunidades Campesinas y Rondas Campesinas existentes en el área de influencia del proyecto minero, para evitar pronunciarse sobre temas como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo o la aplicación de la Consulta Previa.
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