Impacto de la Ley N° 30982, Ley que modifica la Ley General de Comunidades Campesinas “Composición mixta en las directivas comunales” en el Registro de Personas Jurídicas - Libro de Comunidades Campesinas

• Autor: Araujo Fernandez, Henry Royer
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Tesis
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/30161
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12404/30161
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Pueblos indígenas--Derecho--Perú; Comunidades campesinas--Legislación--Perú; Organizaciones campesinas--Perú; Empresas agrícolas--Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El principal problema abordado en este artículo es la tensión entre los objetivos inclusivos de la Ley N° 30982, que establece un mínimo de 30% de representación femenina o masculina en las directivas de comunidades campesinas, y las realidades culturales, históricas y organizativas de estas comunidades. Esta normativa, aunque busca promover la igualdad de género, ha generado conflictos con el derecho consuetudinario y la autonomía comunal, dificultando la inscripción de directivas y afectando su funcionamiento. Los instrumentos normativos analizados incluyen la propia Ley N° 30982, el Reglamento de la Ley General de Comunidades Campesinas y la Directiva N° 10-2013-SUNARP/SN, así como resoluciones del Tribunal Registral, que han desarrollado criterios interpretativos para abordar las barreras que enfrenta la inscripción de directivas comunales. También se examinan principios legales como la supremacía constitucional y la importancia de respetar la idiosincrasia comunal. Entre las principales conclusiones, se destaca que la aplicación estricta de la Ley N° 30982 ha provocado estados de acefalía en muchas comunidades, dejando a estas sin representación legal y limitando su capacidad de actuar como personas jurídicas. El artículo subraya la necesidad de ajustar el marco normativo para garantizar tanto el respeto a las particularidades de las comunidades como la promoción de una igualdad de género efectiva, proponiendo un enfoque flexible y sostenible en la implementación de la normativa.