Informe jurídico sobre la Resolución N° 1648-2017-TCE-S1, sobre infracción administrativa de los integrantes del Consorcio SG

• Autor: Almeyda Atúncar, Ana Lucía Marleni
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Tesis
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/30139
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12404/30139
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Sanciones administrativas--Perú; Consorcios--Perú; Licitaciones--Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El expediente se centra en un procedimiento administrativo sancionador iniciado por el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) contra el Consorcio SG, integrado por las empresas ACE Ingenieros y Consultores S.A.C. y Contratistas y Maquinarias Campos S.A, por presuntamente presentar documentos falsos o información inexacta en una licitación pública, requerida por el Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) en 2013. La licitación, identificada como "Licitación Pública N° 026-2013/MINAGRI-PSIPrimera Convocatoria", fue para la ejecución de la obra "Construcción y mejoramiento del sistema de riego de los sectores Huallchanca, Pacopata, Carcasunto, Pilpicancha en la microcuenca macro, distrito de Los Morochucos, provincia de Cangallo, Ayacucho". Sobre la cual, el referido consorcio obtuvo la buena pro el 16 de enero de 2014. Sin embargo, el 26 de septiembre de 2016, el TCE abrió un procedimiento sancionador contra el Consorcio por la presunta presentación de documentos falsos. Inicialmente, el TCE sancionó al Consorcio tras emitir la resolución N° 1404-2017- TCE- S1, con fecha 3 de julio de 2017. No obstante, ante un recurso de reconsideración presentado por los consorciados el 10 de julio de 2017, que incluía nueva evidencia, el TCE revocó su decisión inicial y absolvió al Consorcio a través de la emisión de la resolución N° 1648-2017-TCE-S1. La actuación del TCE representa la vulneración de los principios administrativos, entre ellos la verdad material, la presunción de veracidad y el debido procedimiento al no aplicarse de manera idónea el estándar probatorio exigido por la normativa vigente, los cuales representan problemas jurídicos que impiden tener jurisprudencia uniforme respecto del derecho administrativo sancionador peruano.