Ámbito de aplicación normativa en la ejecución contractual derivadas de las operaciones de endeudamiento externo entre el Estado Peruano y el Banco Interamericano de Desarrollo

• Autor: Saavedra Espinoza, Víctor Angel
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Tesis
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/31114
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12404/31114
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Banco Interamericano de Desarrollo; Prestámos--Legislación--Perú; Inversiones públicas--Perú; Contratos--Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

En los últimos años la necesidad de financiamiento de los proyectos de inversión de carácter social ha tenido una mayor demanda en el Perú; las condiciones del crédito de los organismos internacionales de cooperación internacional, son ciertamente ventajosas en relación con la Banca Privada o de otros Estados prestatarios. En el Perú el principal organismo internacional de crédito en los últimos años es el Banco Interamericano de Desarrollo – BID. Pero no es sólo es esta situación de necesidad de financiamiento lo que anima a acudir a los organismos internacionales de financiamiento, sino también que, considerando la legislación nacional aplicable a las contrataciones estatales, se pretende recurrir a normas de contratación más eficientes, como es el del mencionado organismo internacional de crédito. Esto en lo que es la etapa de ejecución contractual de los contratos celebrados entre las empresas privadas y las entidades ejecutoras a cargo de los proyectos no es óptimo, pues existe un vacío normativo que puede generar una falta de predictibilidad a las decisiones que se adoptan ante situaciones que no están debidamente reguladas y previstas, afectando la adecuada ejecución de las prestaciones; por ello en el presente trabajo de investigaciones propondremos a partir de casos concretos verificados en la practica la adopción de un marco normativo que supere esta situación, y sean convenientes con las demandas del BID en la necesidad que exista flexibilidad y que las decisiones sean de rápida adopción que favorezca la célere y eficiente ejecución de los proyectos de inversión.