Conflictos sociales y recursos hídricos

• Autor: Defensoría del Pueblo
• Formato: libro
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Autoridad Nacional del Agua
• Repositorio: ANA-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ana.gob.pe:20.500.12543/5772
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12543/5772
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Conflictos sociales; Autoridad Nacional del Agua; Derecho al agua; Consejos de Recursos Hídricos de Cuenca; Calidad de los recursos hídricos; Cantidad de los recursos hídricos; Oportunidad de los recursos hídricos; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.11

El Informe tiene tres capítulos: en el Capítulo I, La Defensoría del Pueblo y los conflictos sociales vinculados a los recursos hídricos, se deja establecido el marco jurídico internacional y nacional, y la connotación que debe tener en nuestro caso el derecho al agua. Asimismo, se explica por qué este tipo de conflictos es un objeto investigable desde la Defensoría del Pueblo y cómo así la defensa del derecho al agua y la actuación de las entidades de la administración estatal con competencias en esta materia están dentro de nuestras competencias institucionales. El Capítulo II, Análisis cuantitativo de los conflictos sociales vinculados a recursos hídricos, muestra los resultados del procesamiento de la información tomada del sistema de monitoreo de conflictos de la Defensoría del Pueblo y la analiza para ver en detalle los aspectos más característicos de este tipo de conflicto, desde indicadores como los actores, las demandas, los procesos y los contextos. Los datos de este capítulo son la fuente de identificación de los problemas principales. En el Capítulo III, Intervención de las entidades estatales en relación con los problemas identificados, se plantean y desarrollan los aspectos más controversiales de la gestión pública de los recursos hídricos y, de manera especial, la gestión de los conflictos sociales de este tipo, para cuyo efecto se ha ido generando nueva institucionalidad (normas, organismos de prevención y gestión de conflictos sociales, herramientas de análisis, infraestructura para el diálogo, etc.). Finalmente, el informe señala un conjunto de conclusiones y plantea recomendaciones dirigidas a entidades del Estado.