El presente artículo, tiene como propósito dar luces acerca de derecho a la prueba del cual goza las personas jurídicas en el proceso penal peruano, pues tal como indica el artículo 93 del CPP esta goza de todos los derechos y garantías que se conceden al imputado, siendo que a partir de esta disposición normativa debemos entender que la persona jurídica goza de un debido proceso, y dentro de este al derecho a la defensa, a la doble instancia, al plazo razonable, a la presunción de inocencia, a la debida motivación, y, también al derecho a la prueba, tal como establece el Tribunal Constitucional en la sentencia N° 010-2002-AI/TC.

Uno de los principales problemas en todo ordenamiento jurídico es la hiperinflación legislativa, sobre todo cuando se trata de regular conductas delictivas, lo que puede incluso atentar contra los principios que legitiman y limitan el ius puniendi estatal como el principio de legalidad, mínima intervención, lesividad, proporcionalidad, lo que puede generar que el ciudadano vea cada vez más limitada su libertad. Por ello, el objetivo perseguido en la presente investigación es determinar la invalidez material del delito de tráfico de influencias y su inaplicación por afectación al programa penal constitucional. En tal sentido, debemos señalar que respecto al delito de tráfico de influencias la doctrina no es unánime al determinar cuál es el bien jurídico protegido que se pretende tutelar, ni la obligatoriedad de su regulación por parte del Estado, lo que va a generar controv...

Desde la aparición de la prueba ilícita y la teoría del “fruto del árbol envenenado”, así como el desarrollo doctrinario y jurisprudencial de esta, se nos ha dicho que la prueba ilícita deberá ser apartada del acervo probatorio; sin embargo, a raíz de las concepciones dadas en cuanto a qué es prueba ilícita, se han desarrollado dos concepciones, así tenemos, una amplia que afirma que prueba ilícita es aquella obtenida o practicada vulnerando derechos fundamentales y/o infringiendo el ordenamiento jurídico; por otro lado, encontramos a la concepción restrictiva, la misma que señala que solamente es prueba ilícita aquella obtenida vulnerando el contenido esencial de los derechos fundamentales. Así, nuestro Código Procesal Penal se ha decantado normativamente por la concepción restrictiva en cuanto a prueba ilícita, ello conforme a lo señalado en el artículo VIII d...

Nuestro ordenamiento procesal ha obviado considerar a la prueba irregular y sus consecuencias jurídicas, lo cual ha generado que en la mayoría de investigaciones fiscales iniciadas, cuyos elementos de convicción han sido obtenidos infringiendo el procedimiento establecido sean enmarcadas como pruebas ilícitas, y por ende sean apartadas del acervo probatorio incubando de esta manera un cumulo de impunidad. Así, conforme a la doctrina de la prueba ilícita encontramos una concepción amplia, la cual afirma que, es prueba ilícita aquella obtenida o practicada vulnerando derechos fundamentales y/o infringiendo el ordenamiento jurídico; por otro lado, encontramos a la concepción restrictiva, la misma que señala que solamente es prueba ilícita aquella obtenida vulnerando el contenido esencial de los derechos fundamentales. En este orden de ideas, la presente tesis, se centrará a det...