El Código Penal prevé en el artículo 57º la suspensión de la ejecución de la pena que tiene por finalidad eludir o limitar la ejecución de penas privativas de libertad de no mayor de cuatro años para evitar el efecto corruptor de la vida carcelaria. En donde manifiesta en el último párrafo, que la suspensión de la ejecución de la pena es inaplicable a los funcionarios o servidores públicos condenados por cualquiera de los delitos dolosos previstos en los artículos 384 y 387. Ante esta situación, dicha norma penal contraviene al principio de las cláusulas de la Constitución del Perú por la inaplicación de la suspensión de la ejecución de la pena para los funcionarios y servidores públicos, es decir dicha norma introduce una discriminación, desigualdad de trato irrazonable y desmedido. El presente trabajo tiene como objetivo conocer si la regulación de la inaplicaci...