El Estado peruano viene impulsando las políticas extractivas para el desarrollo económico y social del país, con este fin concesiona los recursos mineros a las empresas extractivas, quienes se instalan en territorios comunales colisionando con las formas de vida tradicional, la conservación y control del territorio. La concesión otorgada a la mina Santa Ana fue de manera irregular, razón por la cual la población local pide al Estado la anulación correspondiente. Las actividades de la mina Santa Ana en la etapa de exploración han ocasionado la contaminación de agua, suelos y quiebres sociales a la población, lo que ha provocado la emergencia de los conflictos sociales y ambientales en Huacullani. La institucionalidad del sector de energía y minas en la región, durante la exploración ha mostrado limitada capacidad técnica para el control y mitigación de los efectos de la mi...