La distribución de funciones y responsabilidades que el Estado prevé para cada uno de sus estamentos, siempre ha sido uno de los pilares fundamentales de un estado de derecho. Es así, que tenemos por un lado la función legislativa, a cargo del Congreso de la República; el Poder Ejecutivo, encargado de ejecutar los actos administrativos para satisfacer las necesidades colectivas e individuales, y con el Presidente de la República como su más alto representante y el Poder Judicial, encargado de componer y restablecer los conflictos entre particulares, y entre particulares con el Estado. Esta distribución de funciones permite que cada una de éstas sea ejercida por el ente designado para el efecto. Sin embargo, es probable que la función de los órganos estatales, en algunos casos, no esté plena e indubitablemente previstos. En tal caso, será de aplicación bajo un criterio razon...