En los últimos años, la minería en el Perú se ha constituido en uno de los pilares de nuestra economía; para el 2014, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (2015), fue el sector minero el que más inversiones trajo a nuestro país con 8, 643 millones de dólares. Sin embargo, esta actividad ha generado al mismo tiempo una gran cantidad de conflictos sociales producto de la contaminación ambiental y la mínima consideración hacia la identidad, cultura y racionalidades de las comunidades donde las industrias extractivas intervienen; así, se puede ver que según la Defensoría del Pueblo, al mes de julio del 2016, son 76 los conflictos mineros activos de un total de 211 conflictos registrados (Defensoría del Pueblo, 2016).

Analiza cómo la estrategia de comunicación implementada por Cobre Las Cruces, para el relacionamiento con las comunidades de su área de influencia, han incidido en la percepción de los grupos de interés ubicados en Gerena sobre el impacto económico, social y ambiental generado en su comunidad y qué visión de desarrollo económico local sostenible expresan en sus discursos. En España, la necesidad de materia prima de minerales metálicos, la falta de industrias y la urgencia de empleo, han generado que se reactive el fomento a la inversión minera. Ello a pesar del vertido de residuos tóxicos al río Guadiamar sucedido en 1998 tras la rotura de la balsa de Aznalcóllar, que llevó al cese de funciones de la empresa minera Boliden. Así, desde el 2009, la actividad minera se ha reiniciado en la provincia de Sevilla con la mina de cobre considerada la más grande explotación a ci...

En los últimos años, la minería en el Perú se ha constituido en uno de los pilares de nuestra economía; para el 2014, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (2015), fue el sector minero el que más inversiones trajo a nuestro país con 8, 643 millones de dólares. Sin embargo, esta actividad ha generado al mismo tiempo una gran cantidad de conflictos sociales producto de la contaminación ambiental y la mínima consideración hacia la identidad, cultura y racionalidades de las comunidades donde las industrias extractivas intervienen; así, se puede ver que según la Defensoría del Pueblo, al mes de julio del 2016, son 76 los conflictos mineros activos de un total de 211 conflictos registrados (Defensoría del Pueblo, 2016).