El Código Procesal Penal de 2004, aprobado por Decreto Legislativo N° 957, introdujo la institución procesal de la prisión preventiva. Su aplicación está sujeta a la concurrencia de los presupuestos materiales establecidos en el artículo 268° de la citada norma. De todos esos presupuestos el que genera graves dificultades es el peligro procesal en sus ámbitos del razonamiento probatorio y la debida motivación, pese a los múltiples esfuerzos de la jurisprudencia nacional por dotar de mayor contenido. De acuerdo a los criterios jurisprudenciales que se han desarrollado hasta la fecha, no se han dictado pautas o reglas específicas sobre el razonamiento probatorio y la motivación del peligro procesal. Culminada la investigación y en respuesta al objetivo general se llegó a la conclusión que en la actualidad en nuestra judicatura existe un indebido razonamiento probatorio del ...