El procedimiento administrativo sancionador constituye una herramienta clave del Estado para avalar el desempeño de las reglas sancionadoras con sujeción a los principios del debido procedimiento. Por ejemplo, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) trajo consigo la aplicación del Procedimiento Administrativo Sancionador Especial de tramitación sumaria en el sector transporte, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2020-MTC, el cual contempla la notificación conjunta del Informe Final de Instrucción y la Resolución de Sanción. Dicho modelo procesal, si bien tiene como finalidad principal agilizar la atención de procedimientos sancionadores y reducir la carga administrativa de la entidad, ha generado cuestionamientos en torno a su impacto en las garantías del debido procedimiento, especialmente a la posibilidad de que el administrado ejerza contradicció...