La implementación del modelo neoliberal y el recrudecimiento de la lógica extractivista a partir del boom de commodities ha dado pie a la proliferación de conflictos en torno a las actividades extractivas en el Perú. Para hacerles frente, el Estado ha recurrido a la conformación de mesas de diálogo desde el año 2000, reuniendo empresas, sociedad civil y agentes estatales para arribar a compromisos. Sin embargo, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) estima que más del 50% de acuerdos no se cumplen. Esto deriva a una garantía del conflicto: los mecanismos estatales pierden legitimidad, se pierde la confianza ciudadana y se reactiva el conflicto. En este trabajo se analiza el momento “post-acuerdo” tras la Mesa de Diálogo de Espinar 2012-2013, en el contexto del conflicto con la empresa minera Tintaya/Antapaccay. Se discuten distintos factores que condicionan el incump...