La presente investigación trata sobre el estudio de los beneficios de regular la obligatoriedad de que el juez imponga la constitución de una garantía suficiente (real o personal) para el cumplimiento de la obligación alimentaria en caso de incumplimiento del deudor. Los resultados demostraron que los beneficios serían: 1) Garantizar el pago de las pensiones devengadas; 2) Proteger el interés superior del niño ante un eventual desamparo; y 3) Garantizar la seguridad jurídica del obligado, más aun teniendo en cuenta que el 66,7% de las madres manifestaron que el obligado sí tiene bienes muebles o inmuebles registrados a su nombre en SUNARP, que bien pueden ser dados en garantía; sin embargo, nunca constituyó garantía hipotecaria, garantía prendaria ni garantía personal durante el proceso; se comprobó, también, que el 100% de jueces nunca ordenó que se constituya esta fig...