En diciembre de 2008 el Estado peruano puso en operación el mecanismo de los fondos sociales1, destinados a la ejecución de programas en beneficio de la población aledaña a los proyectos mineros involucrados. Pese a existir seis casos en operación, con recursos que bordean los 340 millones de dólares, existe poca información sobre el funcionamiento del modelo de gobernanza diseñado, y la forma de articulación entre los intereses de las comunidades involucradas y la empresa minera. El tipo de reportes que los fondos sociales están obligados a presentar no aportan elementos respecto a las dinámicas que se han establecido para la toma de decisiones y priorización de inversiones; y no se logran entender los juegos de poder y movilización de intereses entre los miembros de las comunidades así como de la misma empresa minera.

En diciembre de 2008 el Estado peruano puso en operación el mecanismo de los fondos sociales1, destinados a la ejecución de programas en beneficio de la población aledaña a los proyectos mineros involucrados. Pese a existir seis casos en operación, con recursos que bordean los 340 millones de dólares, existe poca información sobre el funcionamiento del modelo de gobernanza diseñado, y la forma de articulación entre los intereses de las comunidades involucradas y la empresa minera. El tipo de reportes que los fondos sociales están obligados a presentar no aportan elementos respecto a las dinámicas que se han establecido para la toma de decisiones y priorización de inversiones; y no se logran entender los juegos de poder y movilización de intereses entre los miembros de las comunidades así como de la misma empresa minera.