A veinte años de la reforma constitucional argentina de 1994 poco ha quedado de la literalidad del tercer párrafo del nuevo artículo 43 constitucional federal. Sus contenidos se han enriquecido notoriamente partir de una profusa reglamentación primaria y secundaria y de una prolífica labor de la doctrina y de la jurisprudencia, a punto tal que hoy resulta imposible aprehender la figura sin recurrir a esas otras fuentes.

La estructura del presente artículo se centra en el estudio de la regulación Argentina concerniente a los derechos colectivos y sectoriales y la defensa de los derechos ambientales. Por ello, primero se describirá la protección constitucional de los derechos ambientales y el consumidor detallando los procesos constitucionales con que se dispone para sus defensas. Luego, se realiza una exposición de la legitimación activa y pasiva de los amparos ambientales y de consumo definiéndose al Consumidor y al Subconsumidor. Finalmente, se explicará las reglas procesales que deberán observar las partes y los terceros en relación al ejercicio de derechos de incidencia colectiva, tal como lo es el amparo ambien.

A partir de su incorporación en el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, el derecho a la portabilidad de los datos personales, elemento indispensable de la interoperabilidad y de la convergencia digital, ha sido receptado por diversas normas iberoamericanas y se encuentra presente en todos los proyectos de reforma de las leyes de protección de datos de la región. El artículo analiza el origen, sentido y alcance de este nuevo derecho en las reglas vigentes y en las proyectadas hasta fines de 2017, deteniéndose en las principales consecuencias de su regulación y en los retos que representa su puesta en práctica.

El «derecho al olvido» pretende erigirse como una herramienta concedida a las personas que se ven perjudicadas por la permanencia sine die de información propia tanto en bancos de datos llevados por particulares o por el Estado (p.ej. las centrales de riesgo o los registros de reincidencia), como también en Internet (que por efecto de los buscadores la convierte en «el» banco de datos). Con este nuevo derecho se pretende conceder a quien se ve perjudicado por informaciones vetustas la posibilidad de evitar que esos datos puedan ser de conocimiento masivo, emulando esa característica (¿in?) capacidad de olvidar propia de los seres humanos, que por sus naturales efectos permite la reinserción social de quienes tuvieron experiencias negativas en ese pasado lejano.

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