Los delitos contra la Administración Pública, regulados en el capítulo II, sección I, del Código Penal Peruano, son delitos que comprenden la transgresión de una norma especial, considerando dentro de sus elementos estructurales de imputación a los autores y partícipes, los mismos que son sujetos materiales del hecho delictuoso. Es en este punto, donde el ordenamiento peruano ha regulado el nivel de responsabilidad y ha determinado en principio, que para la aplicación de la pena se tendrá en cuenta si el rol que desempeñó el sujeto, fue como autor o partícipe del hecho criminal; posteriormente a ello, siguiendo esa misma línea, en la regulación de prescripción, se ha establecido que los plazos de prescripción de la acción penal, se duplicarán solo en casos de delitos que sean cometidos por Servidores o Funcionarios Públicos, que atentan contra el patrimonio del Estado...