El objetivo general de la investigación fue analizar de qué manera la inversión de la carga de la prueba afecta a la no autoincriminación del procesado en el delito de enriquecimiento ilícito, se usó el tipo de metodología básica, enfoque cualitativo y diseño fenomenológico. Se concluyó que, la obligación de presentar evidencia en los procesos penal normalmente recae en el Ministerio Público. Sin embargo, en situaciones de enriquecimiento ilícito, la persona denunciada o el funcionario público deben probar que el aumento de su patrimonio no tiene origen en actividades ilícitas. Este cambio plantea inquietudes respecto al derecho del acusado a no autoincriminarse, ya que se ve en la posición desfavorable de recopilar todas las pruebas para demostrar su inocencia, lo cual contradice el principio de presunción de inocencia. Asimismo, se transgreden el principio de igualdad...