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El derecho fundamental a la prueba es una garantía constitucional. Su correcto desenvolvimiento es una exigencia para la realización de justicia. El nuevo proceso penal, comprendido en el marco del nuevo Código Procesal Penal de 2004, enfrenta en torno al mismo dos grandes problemas: necesidad de lectura constitucional de las normas que regulan la actividad probatoria y falta de una cultura de verdad. El presente artículo gira en torno a dicha problemática analizando especialmente lo respectivo a las reglas de prueba nueva en el juzgamiento y proceso de apelación de sentencia; e interpretaciones gramaticales o legalistas que sacrifican derechos fundamentales del acusado.

On this occasion, ADVOCATUS had the opportunity to interview César Augusto Nakazaki Servigón, a lawyer with almost three decades of experience in litigation in the areas of criminal law and criminal procedure. He is also considered one of the most prominent lawyers in the country, for participating in complex cases within the Peruvian judicial system, such as the defense of three former presidents. In the following lines, the interviewee offered a brief analysis on the regulation of corruption in our country, as well as, the opinion of how judicial processes are being carried out in Peru.

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El derecho fundamental a la prueba es una garantía constitucional. Su correcto desenvolvimiento es una exigencia para la realización de justicia. El nuevo proceso penal, comprendido en el marco del nuevo Código Procesal Penal de 2004, enfrenta en torno al mismo dos grandes problemas: necesidad de lectura constitucional de las normas que regulan la actividad probatoria y falta de una cultura de verdad. El presente artículo gira en torno a dicha problemática analizando especialmente lo respectivo a las reglas de prueba nueva en el juzgamiento y proceso de apelación de sentencia; e interpretaciones gramaticales o legalistas que sacrifican derechos fundamentales del acusado.

On this occasion, ADVOCATUS had the opportunity to interview César Augusto Nakazaki Servigón, a lawyer with almost three decades of experience in litigation in the areas of criminal law and criminal procedure. He is also considered one of the most prominent lawyers in the country, for participating in complex cases within the Peruvian judicial system, such as the defense of three former presidents. In the following lines, the interviewee offered a brief analysis on the regulation of corruption in our country, as well as, the opinion of how judicial processes are being carried out in Peru.

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El derecho fundamental a la prueba es una garantía constitucional. Su correcto desenvolvimiento es una exigencia para la realización de justicia. El nuevo proceso penal, comprendido en el marco del nuevo Código Procesal Penal de 2004, enfrenta en torno al mismo dos grandes problemas: necesidad de lectura constitucional de las normas que regulan la actividad probatoria y falta de una cultura de verdad. El presente artículo gira en torno a dicha problemática analizando especialmente lo respectivo a las reglas de prueba nueva en el juzgamiento y proceso de apelación de sentencia; e interpretaciones gramaticales o legalistas que sacrifican derechos fundamentales del acusado.

On this occasion, ADVOCATUS had the opportunity to interview César Augusto Nakazaki Servigón, a lawyer with almost three decades of experience in litigation in the areas of criminal law and criminal procedure. He is also considered one of the most prominent lawyers in the country, for participating in complex cases within the Peruvian judicial system, such as the defense of three former presidents. In the following lines, the interviewee offered a brief analysis on the regulation of corruption in our country, as well as, the opinion of how judicial processes are being carried out in Peru.

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The paper deals with legal requirements procedure in case of the crime of illicitenrichment. Through a correct interpretation of article 41 of the Constitution shallbe determined that it is a requirement in case of such crime that the public criminalproceedings are to be instituted only by the General Attorney, contrary to national jurisprudencehad maintained until “Case of Congress member Cecilia Chacon de Vettori”.

En el artículo el autor explica la importancia de la jurisprudencia en el Perú. Analiza de forma acuciosa el Precedente Vinculante establecido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema mediante la SCS del 25 de mayo del 2005, R.N: N° 1004-2005 Huancavelica, planteando la interrogante de si pudo la Juez en el proceso penal inobservar un precedente vinculante de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Estudia de cómo se utilizó una Sentencia del Tribunal Constitucional como justificación para apartarse del Precedente Vinculante de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema es una mala utilización de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho a recurrir. Finalmente concluye que los jueces ordinarios están vinculados por la jurisprudencia y los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional; sin embargo no toda sentencia que este em...