El presente artículo aborda el fenómeno de la “extensión” del convenio arbitral desde el punto de vista del derecho civil. Específicamente, toma como base para determinar quiénes pueden ser incluidos en un arbitraje, sin haber firmado (declarado expresamente) el convenio arbitral, las reglas de identificación de las “partes contractuales”. En opinión de los autores, estas reglas se aplican a la identificación de “parte arbitral” porque el convenio es un negocio jurídico que crea situaciones jurídicas que tienen interdependencia con aquellas creadas por el contrato base (que regula los intereses jurídicos que serán discutidos en arbitraje).

El presente artículo versa sobre las novedades que trae el Decreto Legislativo N° 1308 (DL 1308), “Decreto Legislativo que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley Nº 29571” publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016 y que entró en vigencia el 31 de diciembre de 2016. Norma con rango de Ley que modifica el Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley Nº 29571 (en adelante, el Código).

El ámbito de protección al consumidor tiene como eje inicial a la relación de consumo, cuyo concepto va ampliándose a partir de la extensión de la noción de consumidor y de la flexibilización del concepto de transacción comercial; luego, la tutela alcanzará también a las relaciones de consumo indirectas, a las etapas previas de las relaciones de consumo y a la mera exposición a las relaciones de consumo. Toda la evolución de este proceso se empieza a plasmar en la jurisprudencia para luego irse materializando en la legislación y alcanza su cristalización definitiva en el Código de Protección y Defensa del Consumidor - Ley 29571.

El Sistema de Arbitraje de Consumo busca brindar a los consumidores una alternativa de solución de conflictos que cumpla con las características de gratuidad, sencillez, celeridad y que a su vez ostente un carácter vinculante para las partes; sin embargo, ¿cuáles son los retos que este sistema enfrenta para posicionarse como la mejor alternativa para satisfacer los intereses de los consumidores, usuarios y proveedores, frente a otros mecanismos procesales que ofrece el INDECOPI? En el presente artículo, se busca enfatizar las ventajas del arbitraje de consumo frente a un procedimiento administrativo sancionador (“PAS”) iniciado de oficio, por denuncia de parte.

Busca esclarecer el concepto, naturaleza jurídica, elementos y atributos de la empresa para luego afrontar la tarea de proponer el “vehículo” jurídico que permita la transferencia de su titularidad. Establecido que la empresa es un bien complejo (aunque no clasificado como tal por el derecho común), al corroborarse dicho tratamiento en normas fragmentadas, se le reconoce como tal básicamente por ser un fenómeno económico generador de valor y que es objeto de tráfico jurídico en virtud de la autonomía privada. Ello lleva a confirmar, vista la empresa, desde un punto de vista económico, que es una organización de capital y trabajo con el fin de producir bienes y servicios para el mercado. Si vamos brindando una aproximación más jurídica encontraremos una organización más un patrimonio empresarial. El patrimonio empresarial se va formando inicialmente por bienes que van...