En el presente trabajo hemos analizado si es necesario establecer criterios legales que determinen los supuestos más graves de los delitos contra la administración pública que son imprescriptibles conforme al art. 41 de la Constitución, esto en consideración a que el poder público en nuestras instituciones estatales se debería otorgar a personas capacitadas con el fin de cumplir los fines públicos establecidos en nuestra Constitución y de conformidad con el Estado social de Derecho, empero algunos de los funcionarios y servidores públicos no tienen en consideración la labor encomendada y utilizan el poder designado para desviarse de los fines públicos y satisfacer sus necesidades particulares. En búsqueda de la solución a este problema es que el en año 2017 se da la reforma constitucional mencionada; sin embargo, a la fecha no ha logrado ser operativizada, toda vez que no ...