El presente trabajo de investigación, aborda los límites a la potestad sancionadora de la administración, establecidos en el artículo 231-A, específicamente de los gobiernos locales, en tanto dichas entidades, en virtud a la autonomía otorgada por la Constitución, pueden regular los ámbitos de su competencia y, asimismo, fiscalizar el cumplimiento de las actuaciones de los particulares dentro de su jurisdicción.