La noción de servicio público, tanto en la doctrina como en el marco normativo peruano, requiere la concurrencia de tres elementos: i) el elemento funcional, vinculado a la existencia de una actividad de interés general, ii) el elemento orgánico, relacionado con la persona pública encargada de gestionar los servicios y, iii) el elemento material, constituido por el régimen jurídico especial, entendido como el régimen exorbitante que a su vez implica prerrogativas del poder público. Es precisamente el interés general, el que legitima la imposición de un régimen jurídico especial, que contenga medidas destinadas a garantizar las características de igualdad o generalidad, continuidad, regularidad y mutabilidad, que deben cumplir los servicios públicos. Por su parte, la publicatio o reserva a favor del Estado, constituye únicamente el requisito formal que legitima la interven...

La noción de servicio público, tanto en la doctrina como en el marco normativo peruano, requiere la concurrencia de tres elementos: i) el elemento funcional, vinculado a la existencia de una actividad de interés general, ii) el elemento orgánico, relacionado con la persona pública encargada de gestionar los servicios y, iii) el elemento material, constituido por el régimen jurídico especial, entendido como el régimen exorbitante que a su vez implica prerrogativas del poder público. Es precisamente el interés general, el que legitima la imposición de un régimen jurídico especial, que contenga medidas destinadas a garantizar las características de igualdad o generalidad, continuidad, regularidad y mutabilidad, que deben cumplir los servicios públicos. Por su parte, la publicatio o reserva a favor del Estado, constituye únicamente el requisito formal que legitima la interven...

A propósito de la crisis sanitaria generada por el COVID-19, el presente artículo analiza el tratamiento jurídico del riesgo de cambio en las leyes y de fuerza mayor, exponiendo los alcances de los principios de adecuada asignación de riesgos y equilibrio económico financiero en los contratos de APP. Para estos efectos, los conceptos mencionados se examinarán según lo previsto por la normativa del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada y, supletoriamente, las reglas de Derecho Civil. Por último, se exponen los resultados de la revisión de las principales acciones adoptadas en el contexto internacional (específicamente España, Reino Unido y Colombia) sobre los proyectos de infraestructura adjudicados bajo la modalidad de APP frente a la crisis sanitaria.