La regulación del derecho a probar en nuestra actual legislación procesal aún tiene muchos aspectos que invitan a la discusión y generan una ardua polémica. Atendiendo a ello, en esta oportunidad ADVOCATUS logró entrevistar a dos especialistas en la materia a fin de que nos compartan sus principales reflexiones en torno a dicha institución del Derecho Procesal, bajo nuestro actual marco normativo, buscando con ello que el lector pueda tener un mejor entendimiento sobre el tema en cuestión.

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El proceso civil y el procedimiento administrativo sancionador de protección al consumidor a cargo del Indecopi, pese a sus rasgos propios, deben desarrollarse siempre, en estricto respeto de los derechos fundamentales. Es como consecuencia de dicho rasgo en común, que aquellos principios e instituciones propias del proceso civil que tiendan a maximizar dicha obligación, deben aplicarse, atendiendo a sus diferencias, a dicho procedimiento administrativo.

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La regulación del derecho a probar en nuestra actual legislación procesal aún tiene muchos aspectos que invitan a la discusión y generan una ardua polémica. Atendiendo a ello, en esta oportunidad ADVOCATUS logró entrevistar a dos especialistas en la materia a fin de que nos compartan sus principales reflexiones en torno a dicha institución del Derecho Procesal, bajo nuestro actual marco normativo, buscando con ello que el lector pueda tener un mejor entendimiento sobre el tema en cuestión.

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No somos partícipes de la procedencia del proceso monitorio para otra clase de pretensiones, pues sería desnaturalizarlo, lo que sí compartimos que se inserte la “técnica monitoria” en otra clase de procesos de conocimiento, a fin de hacerlos más ágiles, como podría ser el proceso de desalojo, el proceso de otorgamiento de escritura pública, entre otros, pero que estos procesos no pierdan su naturaleza de procesos de conocimiento que buscan resolver un conflicto de intereses; recordemos que el que un proceso contenga la “técnica monitoria”, no lo convierte en proceso monitorio. Proponemos un proceso monitorio documental, que solo proceda para el pago de obligaciones dinerarias, sin límite de cuantía; proceso de una sola fase, en el cual el demandado puede fundamentar su oposición en cualquier argumento, pero la misma debe estar sustentada en prueba escrita.

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La regulación del derecho a probar en nuestra actual legislación procesal aún tiene muchos aspectos que invitan a la discusión y generan una ardua polémica. Atendiendo a ello, en esta oportunidad ADVOCATUS logró entrevistar a dos especialistas en la materia a fin de que nos compartan sus principales reflexiones en torno a dicha institución del Derecho Procesal, bajo nuestro actual marco normativo, buscando con ello que el lector pueda tener un mejor entendimiento sobre el tema en cuestión.