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Desde inicios del siglo XXI, la democratización del Estado Constitucional ha reforzado la defensa de los derechos fundamentales con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esto ha permitido, entre otras cosas, reabrir el debate en torno al grado de intensidad de la protección internacional de los derechos humanos en el ámbito nacional. Por ello, se puede afirmar que el estudio y la interpretación de la Constitución se realiza, cada vez más, con el fin de incorporar los tratados y las sentencias internacionales de derechos humanos.

The Constitution, being the Supreme Law of the Peruvian legal system, irradiates its normative force towards all the legal fields. For its part, Commercial Law is an area based on privatea utonomy; however, in our legal system a zone free of constitutional control does not exist.In this article, the author conducts a remarkable analysis about the constitutionalization of Commercial Law, making reference to the Constitutional Court’s jurisprudence which, applying fundamental principles  and  rights,  has had an effect on the application of the commercial laws in our country.

El desarrollo de la justicia constitucional ha colocado al juez constitucional en la disyuntiva de ser un mero aplicador del derecho dado por el legislador o un intérprete capaz de crear el mismo derecho para resolver una causa. El estatuto del juez constitucional se encuentra entre ambos extremos, considerando que la intensidad y los límites de la actuación creadora del Derecho, es producto de la relación dialéctica que se produce entre el estatuto del juez constitucional y las reglas de la argumentación jurídica. En esa medida, el examen de la legitimidad de la actuación del juez constitucional debe verificarse no solo por el resultado de sus resoluciones judiciales, sino también por la legalidad y legitimidad de su origen, organización, funcionamiento, derechos, deberes, sanciones y finalmente su actuación ética. Todo ello, configura la idea o concepto dinámico del estatu...

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El rasgo básico del funcionamiento de todo Estadocontemporáneose funda en las relaciones entre el Gobierno y la Oposición. Pero el nexo de integración o de conflicto en una sociedad democrática se encuentra no sólo en el poder de la autoridad, sino también en el grado de legitimidad que le otorga la oposición; lo cual ha permitido que los poderes constituídos históricamente se transformen en instituciones pluralistas y tolerantes. Este proceso que se inicia en Europa a partir del siglo XV, con la formación del Estado Moderno, incorporó a la oposición política en el Parlamento cuando se instaura el Estado democrático-constitucional en el siglo XVIII, que asumió los valores de libertad e igualdad. Pero ello no ha sido óbice para que surja una oposición extraparlamentaria, que apele incluso a la violencia, poniendo nuevamente en debate los límites y las posibilidades del ...

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Páginas 161-171

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En el presente artículo se analiza la problemática jurídica relacionada con la sentencia 491/2021, correspondiente al expediente N.º 01249-2018-PA/TC. Para ello, se revisa la legitimidad e intensidad del control de constitucionalidad de actuaciones y resoluciones de la Junta Nacional de Justicia (ex CNM), el marco normativo aplicable a la investigación y sanción de jueces y fiscales, y la institución jurídica de prescripción y caducidad en los procedimientos de sanción de jueces y fiscales.

El presente número se abordan temas relativos a los problemas de la constitución, economía y política. AsÍ Haberle presenta algunos lineamientos jurídicos para una teoría constitucional del mercado, desde una perspectiva científico-cultura lque postula la economía social-mercado, integrando el ámbito económico al Estado constitucional.

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Páginas 13-23

In the last years, there is a gradually participation of the Judicial Branch in the Congress competences and functions to supervise and inquire into issues of public interest. As a result, it has questioned the separation of powers principle. In that context, this article focuses on analyzing what the judicial supervision limits of the due process in the procedures before the inquiry commissions in the Congress are.