Este trabajo analiza los límites entre el derecho constitucional y el derecho electoral en la aplicación de criterios que garanticen la participación política y que, a su vez, respeten los requisitos y garantías de libertad e igualdad del sufragio ciudadano. El autor parte de un concepto amplio de democracia, el cual supera la concepción restringida de considerarla solamente como un método electoral y un conjunto de reglas que organizan las elecciones. Este vasto concepto permite la aplicación de los criterios constitucionales en dicha materia. El artículo muestra el debate surgido en la legislación peruana y sus instituciones.

La controversia entre dos principios —constitucionalidad y legalidad—, a través del control del Tribunal Constitucional (TC) de las resoluciones del JNE, produjo un álgido debate mediático acerca de los alcances y límites de la justicia constitucional, y, de la propia naturaleza del Tribunal Constitucional. En tal sentido, corresponde en la presente nota realizar algunos comentarios a estos fundamentos, a partir de lo señalado por el TC en su jurisprudencia, y por el JNE.

En la actualidad, como en ninguna otra época, el Parlamento peruano espar tícipe de la lucha que se viene librando frente a la corrupción y a lassecuelas del régimen autoritario anterior. Y lo hace, como no puede serde otra manera, premunido de los instrumentos de control que prevén laConstitución Política y el Reglamento del Congreso.Sin embargo, dichos instrumentos de control político han sido rebasados ampliamente por la complejidad que plantea la realidad, provocandocon ello que el Parlamento, lejos de transformarse en una institución quecolabora eficazmente con la consolidación y fortalecimiento de las instituciones y del sistema democrático mismo, corra el peligro de convertirseen un obstáculo para la actuación opor tuna de la Justicia.