El arbitraje es un acto de libertad complejo. Incluso desde su estado natural -comercial y privado- es un acompañante especial del desarrollo económico de la sociedad pues su eficiencia y alta especialidad dotan de seguridad el intercambio mercantil. Este impacto social se hace incluso más evidente en materia de inversiones donde los proyectos tienen un propósito público por esencia y es incluso más urgente el perfeccionamiento constante (aunque estable) de las prácticas y regulaciones que rigen la función arbitral.

Esta tesis demuestra que las anti arbitration injunctions dictadas por tribunales arbitrales son inválidas bajo derecho peruano, así como inejecutables e irreconocibles en el Perú. Por un lado, porque la legitimidad de cada procedimiento y de las pretensiones en él presentadas son de competencia exclusiva de cada tribunal arbitral, competencia cuya supervisión es competencia exclusiva de las cortes estatales. Por el otro lado, porque estas medidas constituyen una interferencia directa (si están dirigidas contra un árbitro) o indirecta (contra la parte demandante) en la conducción del arbitraje paralelo, efecto que los árbitros no tienen autoridad para generar según el principio de independencia arbitral, regla que forma parte del orden público peruano.

El arbitraje es un acto de libertad complejo. Incluso desde su estado natural -comercial y privado- es un acompañante especial del desarrollo económico de la sociedad pues su eficiencia y alta especialidad dotan de seguridad el intercambio mercantil. Este impacto social se hace incluso más evidente en materia de inversiones donde los proyectos tienen un propósito público por esencia y es incluso más urgente el perfeccionamiento constante (aunque estable) de las prácticas y regulaciones que rigen la función arbitral.