En 1969, la expropiación de tierras en el marco del proceso de reforma agraria originó las figuras legales de la deuda agraria y de los bonos con los que se pretendía pagarla. Sin embargo, los tenedores nunca pudieron hacer efectivos los bonos, pues en la década de 1980 la inflación pulverizó su valor y el Estado dejó de honrarlos. Hasta hoy, la mayor parte de esos bonos no ha sido pagada, lo que ha generado el creciente reclamo de los expropiados. En 1996, el Congreso aprobó una norma que estipuló que los bonos de la deuda agraria fueran pagados a su valor nominal. Los tenedores, a través del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), plantearon una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), que les dio la razón. Su decisión, sin embargo, se limitaba a recusar aquella forma de pago nominal y establecía que los bonos debían pagarse conforme a un crite...